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La brecha de la derechohabiencia
Rafael Lozano | Columna Invitada
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima cerca de 78 millones de derechohabientes potenciales, mientras que la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 identifica una población considerablemente menor que declara estar afiliada a esa institución. La diferencia ronda los 25 millones de personas. ¿Quién tiene razón? La pregunta está mal formulada. No necesariamente se trata de un error. Las cifras provienen de dos maneras distintas de reconocer y representar una misma relación social: la que existe entre las personas y la institución encargada de protegerlas.
La diferencia merece atención porque la derechohabiencia no es solamente una cifra administrativa. Es una condición jurídica, una relación institucional y una expectativa de protección. Se puede tener derecho sin ejercerlo, contribuir a la seguridad social mientras se utilizan servicios privados y reconocer la posibilidad de recibir atención pública sin declarar una afiliación. Son situaciones que conviven en México, aunque los instrumentos de información oficiales no siempre permiten distinguirlas.
En dos artículos anteriores examinamos las dificultades estructurales del IMSS, que van más allá de sus problemas administrativos, y reflexionamos sobre la necesidad de contar con una brújula para orientar sus cambios. Ahora propongo detenernos en otra cuestión: ¿qué significa ser derechohabiente cuando el reconocimiento de los derechos, su ejercicio y la experiencia de protección no necesariamente coinciden?
La derechohabiencia surgió vinculada al aseguramiento de los trabajadores y sus familias frente a contingencias capaces de alterar sus condiciones de vida. Enfermedad, maternidad, riesgos laborales, invalidez, vejez y muerte forman parte de una protección que no se limita a recibir servicios médicos. La seguridad social representa un arreglo mediante el cual determinadas responsabilidades dejan de recaer exclusivamente en las personas y sus familias para ser asumidas colectivamente.
Por eso conviene distinguir conceptos que frecuentemente se utilizan como equivalentes. Asegurado, afiliado, beneficiario y derechohabiente no significan exactamente lo mismo. El asegurado tiene una condición reconocida dentro de un régimen de aseguramiento; la afiliación expresa una forma de vinculación institucional; el beneficiario puede tener derechos derivados de otra persona; y la derechohabiencia es una condición jurídica definida por la legislación correspondiente. No todos los derechohabientes cotizan personalmente ni todas las personas con derecho a recibir atención médica pública son derechohabientes de una institución de seguridad social.
Esta diversidad plantea una pregunta de fondo: ¿qué constituye la condición de derechohabiente? Su existencia jurídica no depende de acudir a una clínica, recibir una prestación o utilizar los servicios. El derecho puede mantenerse, aunque no se ejerza. Pero su significado social tampoco puede separarse completamente de la protección que representa. Ser derechohabiente implica contar con una institución frente a determinadas contingencias, aun cuando nunca lleguen a presentarse. La tensión aparece cuando tener derecho y poder contar efectivamente con él dejan de ser experiencias suficientemente próximas.
El propio IMSS distingue diferentes universos de población protegida. En junio de 2025 estimaba 77.9 millones de derechohabientes potenciales, de los cuales 62.8 millones estaban adscritos a unidades de medicina familiar. La diferencia, 15.1 millones, correspondía a familiares potencialmente beneficiarios no adscritos, cuya cantidad se calcula mediante coeficientes institucionales. Los asegurados y pensionados se identifican principalmente mediante registros administrativos, mientras que una parte de los familiares potencialmente protegidos se incorpora mediante estimaciones.
El procedimiento tiene una justificación: reconocer un universo de responsabilidad institucional más amplio que el de las personas individualmente registradas para utilizar determinados servicios. Sin embargo, debemos distinguir la estimación de familiares potencialmente beneficiarios de la acreditación jurídica individual de sus derechos. La adscripción facilita la vinculación con los servicios médicos, pero no constituye por sí misma el derecho a recibir las prestaciones correspondientes. Tampoco podemos suponer que quien no está adscrito carece de necesidades de protección.
La EIC 2025 observa esa relación desde otra perspectiva. Pregunta a las personas si reconocen estar afiliadas a determinadas instituciones. Su resultado no equivale al universo potencial calculado por el IMSS. La institución conoce a su población mediante registros, categorías jurídicas y estimaciones; la encuesta, mediante las declaraciones de los hogares. Ambas producen conocimiento, pero responden a preguntas diferentes.
Antes de interpretar la brecha como desconocimiento, desvinculación o pérdida de confianza debemos esclarecer cuánto corresponde a definiciones, procedimientos de estimación, registros múltiples y diferencias temporales. Incluso después de hacerlo permanece una pregunta: ¿qué relación existe entre el reconocimiento institucional de un derecho y el reconocimiento que hacen de él las personas?
Alrededor de la derechohabiencia conviven experiencias distintas. Está el trabajador que cotiza al IMSS, pero no ha realizado los trámites para vincularse con sus servicios médicos, quizá porque no los ha necesitado o porque utiliza otros. También está quien mantiene sus contribuciones y vuelve a pagar cuando acude a un médico privado. Conserva su aseguramiento, pero resuelve determinadas necesidades mediante recursos propios.
Está la persona que no declara afiliación y, sin embargo, cuando la EIC le pregunta si podría recibir atención en una institución pública, responde afirmativamente. Y está quien no reconoce afiliación ni sabe si podría recibir atención pública cuando la necesite. Estas situaciones no son necesariamente permanentes ni corresponden todas al universo de derechohabientes del IMSS. Algunas personas pueden recibir servicios mediante mecanismos públicos distintos del aseguramiento contributivo.
Su coexistencia muestra que tener derecho, reconocerse como afiliado, esperar protección y utilizar determinados servicios no son situaciones equivalentes. La derechohabiencia no solamente tiene una definición jurídica: también posee un significado que las personas construyen a partir de sus experiencias y expectativas.
Para algunas, estar aseguradas representa la certidumbre de contar con una institución frente a contingencias futuras. Para otras, esa protección puede ser importante ante acontecimientos graves, aunque recurran a sus propios recursos para resolver necesidades ordinarias. Algunas desconocen sus derechos; otras los conocen, pero no esperan obtener todas las prestaciones de la manera o en el momento que necesitan.
No podemos interpretar automáticamente estas diferencias como pérdida de confianza. Intervienen experiencias anteriores, circunstancias familiares, preferencias y posibilidades económicas. Pero tampoco debemos suponer que el reconocimiento jurídico describe suficientemente la relación que las personas mantienen con la institución.
Otra dimensión es la medición. La dificultad no consiste solamente en que el IMSS y el INEGI produzcan cifras diferentes, sino en que sus indicadores representan universos y relaciones distintos. El IMSS estima su población derechohabiente potencial y utiliza registros para identificar modalidades de aseguramiento y vinculación administrativa. La EIC registra la afiliación declarada y, desde 2025, también la expectativa de poder recibir atención en una institución pública.
El problema aparece cuando utilizamos indistintamente esos resultados, como si contar asegurados, afiliados, beneficiarios potenciales y personas adscritas fuera la misma operación. Los registros administrativos, la EIC, la ENSANUT y la ENIGH ofrecen aproximaciones complementarias, pero no agotan la diversidad de relaciones que las personas mantienen con la seguridad social. Diversas investigaciones cualitativas realizadas en México han documentado experiencias en las que el reconocimiento de los derechos y su ejercicio no coinciden plenamente. Se trata de conocimientos diferentes que conviene poner en diálogo para comprender una realidad que ninguna fuente puede representar por sí sola.
Estas diferencias tampoco surgieron recientemente. La seguridad social mexicana siempre estuvo marcada por desigualdades, formas diversas de incorporación y relaciones heterogéneas con sus instituciones. Pero las transformaciones contemporáneas de las trayectorias laborales, las familias y las necesidades de cuidado pueden modificar el significado de la pertenencia institucional. Una persona puede entrar y salir del aseguramiento a lo largo de su vida, conservar determinados derechos o cambiar la manera en que utiliza los servicios. La información obtenida en un momento específico no necesariamente permite conocer esa trayectoria.
Las instituciones necesitan categorías y registros para reconocer derechos, distribuir recursos y organizar servicios. Sin embargo, esas representaciones no agotan las situaciones de las personas. Alguien puede estar jurídicamente asegurado, administrativamente registrado y estadísticamente contabilizado, pero mantener una relación con la seguridad social diferente de la que esas categorías permiten suponer. La brecha numérica nos lleva entonces a tres preguntas relacionadas: ¿qué significa ser derechohabiente?, ¿cómo reconocen las personas esa condición? y ¿qué estamos midiendo cuando contamos a la población protegida?
Conocer cuántos derechohabientes tiene una institución es indispensable, pero no basta para comprender la relación social que representa esa condición. La seguridad social adquiere sentido por las responsabilidades que asume frente a las personas, no solamente por su capacidad para registrarlas. La brecha nos recuerda que el derecho reconocido, su representación institucional y la experiencia de protección no siempre coinciden. Comprender esas distancias puede ayudarnos a reconocer dimensiones de la crisis que permanecen ocultas cuando solamente contamos personas, afiliaciones o prestaciones.
Nota metodológica. Se utilizan cifras de 2025 para mantener la correspondencia temporal con la Encuesta Intercensal de ese año. Los datos administrativos del IMSS sobre derechohabientes potenciales y adscripción a medicina familiar corresponden al corte de junio de 2025, publicado en sus estadísticas institucionales. La población derechohabiente potencial incluye componentes estimados, mientras que la EIC registra afiliación declarada. Por tanto, sus resultados no constituyen mediciones directamente equivalentes.
Referencias para profundizar la lectura:
- Instituto Mexicano del Seguro Social. (2025). Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2024-2025.
- Hernández Gutiérrez, J. (2023). Los derechos como premio: el reclamo de salud y de justicia en México. Región y Sociedad, 35, e1731. https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1731
*El autor es investigador Emérito del SNII. Profesor Emérito del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud. Universidad de Washington. rlozano@uw.edu; @DrRafaelLozano. Les invito a comentar el texto en la mesa de discusión en https://rafaellozano.com.mx/