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Opinión

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Las audiencias hablaron

Diana N. Ronquillo | Pendiente Resbaladiza

A menos de tres días de que concluya el proceso de consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, el escándalo mediático que la regulación provocó no se ha detenido. El número de comentarios cargados en la consulta ya superó los 6,500 y sigue incrementándose en tiempo real.

Para darnos una idea, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha convocado hasta ahora 15 consultas públicas sobre proyectos de regulación, además de la consulta sobre los Lineamientos en materia de derechos de las audiencias. En esas 15 consultas se recibieron un total de 858 comentarios, mientras que la consulta de los Lineamientos ha generado por sí misma más de 7 veces la cantidad de comentarios generados por los otros 15 procesos juntos.

Del total de comentarios recibidos hasta ahora, aproximadamente un 79% son desfavorables a los Lineamientos, según cálculos hechos con herramientas de IA. Este dato demuestra, desde luego, que la débil justificación de Claudia Sheinbaum y Luisa Alcalde para promover la regulación, supuestamente para defender a las audiencias de la desinformación no logró convencer al pueblo y, por el contrario, lo indignó.

Los datos numéricos son particularmente reveladores, si los contrastamos, por ejemplo, con el total de quejas que la audiencia ha interpuesto en contra del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), desde enero de 2018 y hasta abril de 2026. De acuerdo con una lista oficial de quejas que publicó el propio SPR, en dicho periodo su defensoría de audiencias recibió un total de 319 quejas. Para evitar confusiones sobre el término “lista”, que ha generado un sorpresivo y acalorado debate entre Luisa María Alcalde y el resto de la población hispanohablante de México, se retoma la definición de la Real Academia Española: f. Enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, cantidades, etc., que se hace con determinado propósito. Vale la pena aclarar que se eligió como fuente a la RAE por su prestigio institucional, sin intención alguna de revivir el duelo de la conquista, traicionar a la patria, o fomentar el injerencismo extranjero.

Pues bien, el SPR publicó una lista oficial de quejas que ha recibido su defensoría de las audiencias a lo largo de 8 años y 4 meses. De las 319 quejas, un 30% se referían a fallas técnicas en las transmisiones, como fallas en la señal, en la calidad de la imagen, problemas con el audio, o fallas en la transmisión por Internet. Otro 13.5% de las quejas se interpusieron en relación con la transmisión de la conferencia presidencial, o bien, para reportar molestias por la transmisión de spots políticos y del Instituto Nacional Electoral. También hay en la lista algunas quejas aisladas en las que se reclaman errores ortográficos en los contenidos, muletillas de los conductores, e incluso reclamos por la aparición de logos comerciales a cuadro, y por la interrupción de la transmisión con cápsulas.

A pesar de que la información que se ha analizado corresponde exclusivamente al SPR, debemos decir que las audiencias han encontrado una forma clara de expresar lo que quieren. A lo largo de 8 años, se han presentado únicamente 319 quejas ante el SPR, de las cuales, sólo 221 se refieren al contenido de la programación, mientras el resto corresponden a fallas técnicas. Por otro lado, en tan solo 17 días hábiles, 6,500 personas han expresado su opinión sobre la regulación de los contenidos, de las cuales, aproximadamente 5,100 se han manifestado en contra de ésta, principalmente por los riesgos de censura.

Así, es evidente que las audiencias están más preocupadas por las restricciones que el Gobierno pueda poner a los contenidos transmitidos, que por los propios contenidos. Como lo he dicho antes, la consulta pública y las reacciones mediáticas a los Lineamientos han demostrado la importancia de la libertad de expresión, que se ha defendido a sí misma. Si perdemos este pilar de la democracia, perderemos la herramienta más efectiva que tenemos para poner límites al poder concentrado.

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