Alito, inocente por decreto propio

Hay cercos que se ponen para que no salga el ganado y otros que se van cerrando para que no se escape el presunto. En Campeche, por lo visto, están utilizando alambre judicial. Y cada día parece quedar menos espacio entre Alejandro Moreno Cárdenas, Alito para los amigos —si todavía conserva alguno sincero— y la solicitud de desafuero que desde hace tiempo ronda al dirigente nacional del PRI.

Alito gobernó Campeche cuatro años. No terminó el sexenio porque descubrió que gobernar un estado era poca cosa cuando podía gobernar lo que quedaba del PRI. Llegó a la presidencia del tricolor y, como aquello le gustó, con unos cuantos incondicionales modificó los estatutos para poder reelegirse hasta tres periodos consecutivos. Democracia interna, le llaman. Tan interna que parece traerla dentro de sí.

La maniobra provocó la salida de priistas destacados. Algunos se fueron indignados; otros, quizá, porque descubrieron que en el nuevo PRI de Alito había menos lugares disponibles que pasajeros en un vocho. El conductor, desde luego, siempre es el mismo.

Precavido como pocos, Moreno Cárdenas se colocó número uno en la lista de representación proporcional al Senado. Porque una cosa es amar al partido y otra muy distinta amarlo sin fuero.

Pero el cerco campechano parece estrecharse. El lunes 10 del presente fue detenido, a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante de las empresas de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alito. Se le acusa de un presunto peculado por 97 millones de pesos.

Al día siguiente cayó Carlos Alberto Medina Hernández, quien fuera director de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno. Se le atribuye un presunto desvío de 36 millones y se le señala como supuesto cómplice de Espinosa Campos en operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas. Factureras, se les dice para ahorrar palabras; lo que nunca ahorraron fue dinero público.

Sobre Alito pesan además señalamientos por uso indebido de atribuciones y peculado y el probable desvío de 83 millones 508,000 pesos. Acusaciones que tendrán que probarse, desde luego. Porque hasta en política existe la presunción de inocencia, aunque a veces la inocencia necesite fuero, abogados y un previsorio boleto de avión.

Alejandro Moreno tiene derecho a defenderse y a denunciar persecución política si considera que existe. También las autoridades tienen la obligación de demostrar ante los tribunales cada peso de los desvíos que imputan. Una acusación no es una sentencia y una detención de colaboradores tampoco demuestra automáticamente la culpabilidad del jefe.

Mientras tanto, Moreno Cárdenas, aplica aquel principio de que la mejor defensa es el ataque. Con una cara más dura que un bolillo de la semana pasada, acusa a la presidenta y a su partido de ser “narcos”. Internacionalizó el pleito; si no funciona en Campeche, hay que probar en Washington. Viajó a Estados Unidos para denunciar ante autoridades de aquel país a consejeros del INE, a quienes acusa de censurarlo por impedirle calificar de narcotraficantes a los miembros de Morena.

También se presenta como víctima de una persecución política. El miércoles, durante una larga entrevista a modo en el noticiero de un canal que también tiene periódico —para mayores señas no hacen falta señas—, Moreno Cárdenas aseguró que quieren silenciarlo. Y soltó una frase destinada a la posteridad o, cuando menos, al promocional: “Para callarme, me van a tener que matar, van a tener que mandar asesinar como lo han hecho con muchos en este país”.

Pero si hablamos de asesinatos políticos en México, el partido que dirige Alito tiene un archivo histórico que aconsejaría cierta prudencia antes de ponerse dramático.

Alito grita que quieren callarlo. Eso sí parece difícil. Porque si algo ha demostrado el dirigente priista es que puede perder gubernaturas, militantes, elecciones, prestigio y hasta pedazos enteros del PRI. Lo que no está dispuesto a perder es el micrófono.