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Promesa incumplida
Un peso rinde más en el bolsillo de quien lo trabaja y lo gana que en manos del gobierno.
En febrero del 2014, el gobierno de la República anunció a través de la Secretaría de Hacienda que no propondría al Congreso nuevos impuestos, que no aumentaría las tasas de los impuestos existentes (ISR, IVA, IEPS) ni tampoco reducciones o eliminación de beneficios fiscales o exenciones existentes en lo que resta del sexenio.
Lo que no se dijo fue que, en la letra pequeña, el Acuerdo de Certidumbre Tributaria (pacto fiscal) que tendría vigencia hasta el 30 de noviembre del 2018 contempla posibles cambios en caso de que surjan eventualidades macroeconómicas que así lo ameriten.
Un año y medio después de este anuncio, la promesa no se cumplió. El SAT refiere que el impuesto de 16% a alimentos preparados en tiendas de conveniencia no es nuevo, sino que se trata de una disposición para dar claridad a un artículo de la Ley del IVA que lleva años vigente. Esta decisión castiga a consumidores que se alimentan comprando en tiendas de conveniencia, minisúpers y establecimientos de autoservicio; y por otra parte, beneficia a miles de vendedores informales que siguen sin pagar impuestos y ahora tendrán un margen mayor para ofrecer precios más bajos.
Tenemos un sistema de impuestos ineficiente, que frena el crecimiento de la economía y no está permitiendo generar más empleos. Además de comprometerse a no proponer nuevos impuestos al Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo prometió en el pacto fiscal ejercer un gasto eficiente y transparente, así como mantener la trayectoria decreciente del déficit fiscal.
¿Qué pasó entonces? En un país en el que se anuncia una medida y se toma otra, en donde predomina la desconfianza por el mal manejo que se da al dinero de los contribuyentes, es difícil que la mayoría de los ciudadanos avale decisiones como ésta. La próxima Legislatura que inicia en septiembre tendrá el reto de evitar nuevos gravámenes, enfocarse en mejorar la calidad del gasto y transparentar el uso de los recursos públicos.
Mientras la corrupción y la impunidad sigan siendo regla en un sistema en el que la rendición de cuentas aún es tan deficiente, si queremos un buen manejo de nuestros recursos, los ciudadanos tendremos que estar más vigilantes y exigentes. Estamos obligados a pagar impuestos y por ello tenemos derecho a saber en qué y cómo se gasta el presupuesto. Sabemos que un peso rinde más en el bolsillo de quien lo trabaja y lo gana que en manos del gobierno.
Twitter: @armando_regil