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Mexicanos en la CIDH
¿Palabra contra palabra? Los reclamos y las acusaciones intercambiadas entre los enviados de las ONG y los representantes del gobierno mexicano en sendas audiencias públicas celebradas en la sede de la OEA en Washington DC en el marco del 156 periodo de sesiones de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos habían sido ásperos y punzantes.
La guerra contra el narcotráfico y las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales programadas a petición de los familiares de las víctimas y los promotores de las organizaciones sociales habían quedado en segundo plano, no solamente en la agenda de trabajo, sino también en la cobertura mediática, atraída por la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sobre el caso Iguala.
En el pequeño salón del piso 8 de la sede de la Secretaría General de la OEA, los integrantes de la CIDH habían sido mudos testigos del agrio intercambio, durante casi tres horas. Casi al cierre de las deliberaciones, el chileno Felipe González pidió a los funcionarios redoblar los esfuerzos gubernamentales para esclarecer las presuntas violaciones a los derechos humanos en México, pues no había evidencia del esclarecimiento de la responsabilidad del Estado en los casos expuestos.
El trabajo y la buena disposición del gobierno en relación con el GIEI podría marcar la pauta y un modelo para esclarecer estos casos , sugirió. El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, fue el encargado de responder a estos emplazamientos.
Lo que ahora se aprecia distante es mucho menor, en el trato cotidiano , aseguró el funcionario peñista, cuando nos sentamos y trabajamos para atender algunos asuntos en México, las diferencias son menores . Campa quien junto con el subprocurador Eber Omar Betanzos y los embajadores Miguel Ruiz-Cabañas y Emilio Álvarez Icaza detentaron la representación del Estado mexicano cumplió a cabalidad con el guión preparado con antelación. Y en cada turno, insistió en asumir la verdadera dimensión del problema de la violencia: México comparte frontera con Estados Unidos, cuyos consumidores de drogas gastan 130,000 millones de dólares anuales ilícitos. Y las bandas criminales, con las ganancias que obtienen de la venta de los enervantes, pueden comprar libremente las armas que han manchado de sangre el territorio azteca. ¿De veras?
Sobre el esclarecimiento de los casos, pocos avances. El único gesto de distensión ocurrió con la divulgación del acuerdo que permitirá el despliegue de la segunda parte de la investigación del caso Iguala, por parte del GIEI.
Acuerdos. Informaciones a medias. Expectativas no cumplidas. Y un discurso oficial desgastado, insuficiente, parcial. Los funcionarios peñistas insisten que han sido consignados 110 indiciados por el llamado caso Iguala, pero lo que no dijeron en la sede de la OEA es que al menos una tercera parte han obtenido el beneficio de la libertad bajo caución, por mandato judicial.
Vamos por buen camino , había resumido el embajador Ruiz-Cabañas, quien afirmó que en Estados Unidos o Italia hay más desaparecidos que en México. Y en ánimo de polemizar, censuró: La denuncia de tortura muchas veces obedece a una estrategia judicial . ¿Las personas no localizadas necesariamente están vinculadas a actos delictivos?, cuestionó. El gobierno mexicano ofreció pronto activará un dispositivo de búsqueda urgente y un protocolo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas.
No queremos comparar los países, queremos justicia para todos , atajó la comisionada Tracy Robinson. Las cifras son importantes, pero también el contexto , agregó.
La guerra contra las drogas terminó: las drogas perdieron. Un rotundo fracaso. Ahora hay que buscar un nuevo paradigma de paz, que privilegie a los niños y a los jóvenes , describió por su parte James Cavallaro, presidente de la CIDH, quien emplazó a los representantes del gobierno mexicano a dimensionar la crisis de derechos humanos y la necesidad de poner fin al modelo militarizado de combate a la delincuencia a partir del índice de letalidad prevalente en las operaciones militares y policiacas contra el crimen organizado.
EFECTOS SECUNDARIOS
PREGUNTAS. En vísperas de que la Junta de Gobierno de la UNAM divulgue la lista de candidatos oficiales a la Rectoría, un colectivo de académicos e investigadores de la Máxima Casa de Estudios emplazó a los 15 integrantes de ese organismo a transparentar su proceso deliberativo, transmitir en vivo las comparecencias de los aspirantes, explicar sus criterios de evaluación, justificar plenamente sus decisiones y pronunciarse públicamente a favor de una reforma a la Ley Orgánica de la UNAM para modificar definitivamente los próximos procesos de selección. Democracia UNAM, definen sus participantes, es un grupo muy diverso, todos muy críticos de Peña Nieto y la mayoría de izquierda, pero de ninguna manera nos movemos en función de los intereses de ningún grupo externo a la universidad .