Claroscuros en política social de la 4T

En el análisis de la política social, es difícil posicionar balances que resalten aspectos positivos y negativos de forma justa. A lo largo de todo el sexenio, han abundado las narrativas que tratan de simplificar el tema y concluyen que los programas sociales de este sexenio son sólo “clientelismo puro” (incluso piden que los “beneficiarios no deberían votar”) o que los hogares más pobres “nunca habían recibido más programas sociales que ahora”.

A pesar de eso, con investigación a profundidad y evidencia hemos tratado de comunicar que sí hay noticias positivas muy importantes, como llegar al máximo histórico en el alcance generalizado de los programas sociales, luego de caer en el primer año del sexenio a 26%, pero en 2023 llegó a 36% de los hogares según la ENOE.

Pero también hemos mencionado que, desde un enfoque que pone énfasis en la desigualdad y la redistribución, la estrategia de política social, que discursivamente se rige bajo el lema de “primero los pobres”, realmente a quienes más ha afectado es a los hogares más empobrecidos.

Los datos más recientes del Inegi prueban que los hogares más pobres, aquellos que pertenecen al 5% con menos ingresos laborales del país, han sido el estrato más afectado en términos del alcance de los programas sociales durante este sexenio. Para dicho grupo, la cobertura de programas sociales de transferencias monetarias pasó de 68% en 2016 a 47% en 2020 y recientemente llegó a 52% en 2023. Es decir, van casi cinco años ya con una afectación grave a la protección social de los hogares más vulnerables del país.

Al mismo tiempo, la cobertura de programas sociales entre los hogares más ricos en ingresos laborales (aquellos en el 5% más alto, también conocido como veintil 20) se duplicó en el mismo periodo. En resumen: una estrategia más regresiva que la de sexenios anteriores.

Más allá de la claridad del análisis anterior, también hay otra forma de analizar la distribución de los programas sociales y que no deja duda del cambio regresivo durante este sexenio: su distribución territorial.

En 2023 aún hay estados de la región sur del país que presentan menor cobertura de la política social que en el sexenio pasado: en Guerrero, Oaxaca y Michoacán ahora un menor porcentaje de hogares reciben programas sociales, sumados a Puebla, Tamaulipas y Coahuila.

Si pensamos en el lema “primero los pobres”, vemos que los estados más pobres no fueron prioridad en la estrategia territorial de la distribución de programas sociales. Hubo otras prioridades.

La entidad federativa donde más ha aumentado la cobertura de estos programas es en la Ciudad de México, donde entre 2016 y 2023 se pasó de 27% a 43% de hogares. Le siguen en orden el Estado de México, Colima y Nuevo León.

Desde un enfoque de derechos en la protección social, siempre es deseable que haya un mayor alcance de programas sociales universalistas. El problema es cuando dicha estrategia no prioriza ni beneficia más a los más pobres ni a las regiones más vulnerables, o incluso las perjudica.

En resumen, la distribución de programas sociales no ha mejorado para todas las personas. Ha mejorado mucho, sí, para los estados más ricos y se ha duplicado para los hogares con más ingresos. Los hogares con menos ingresos y estados con altas tasas de pobreza siguen esperando un cambio en la estrategia que al menos restituya lo que recibían con gobiernos pasados.

Para lograrlo, es fundamental dirigir más presupuesto a los hogares en pobreza extrema, aún cuando sea mediante los programas sociales creados este sexenio que están focalizados a dicha población (y no cuentan con condicionalidades explícitas), por ejemplo, la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, que administrativamente sustituyó al programa Prospera.