Cómo opera la confianza cuando pagamos impuestos

“Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”. Oliver Wendell Holmes Jr., juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

Cuando pensamos en el pago de impuestos, usualmente lo asociamos con temas de vigilancia, fiscalización, auditorías, multas, retenciones automáticas en la nómina o con aplicaciones directas a nuestras transacciones de consumo. Por su parte, la autoridad asume que, si aprieta lo suficiente, la gente paga; y que, si relaja los mecanismos de supervisión, la gente omite o evade impuestos. 

Pero esa visión deja fuera algo que intuimos. Incluso en sociedades con un estricto cobro de impuestos, la disposición a pagar varía de una persona a otra. Y esa diferencia no nace necesariamente del temor a la sanción, sino de la pregunta: ¿a dónde va mi dinero?

La economía convencional trata al impuesto como un costo puro. El contribuyente, racional pagaría solo para evitar el castigo y, si pudiera, viajaría gratis a costa de lo que aportan los demás. La economía conductual matiza esto a través de un concepto; la llamada “moral fiscal”, entendida como la disposición a cumplir que no depende únicamente de la amenaza, sino también de consideraciones de justicia y reciprocidad.

De ahí surge la pregunta central de la investigación: ¿lo que las personas creen sobre el destino de sus impuestos afecta su disposición a pagarlos?

En el artículo “Where Do My Tax Dollars Go? Tax Morale Effects of Perceived Government Spending”, de Giaccobasso, Nathan, Pérez-Truglia y Zentner, publicado en 2025, probaron esa hipótesis mediante un experimento de campo en el condado de Dallas, Texas, donde el impuesto predial financia en gran medida la operación de las escuelas públicas.

Primero, midieron qué creían los hogares sobre la proporción de su predial destinada a las escuelas; posteriormente, en un grupo seleccionado aleatoriamente, revelaron la cifra real de esa proporción, para dar seguimiento y ver si esa información afectaba la disposición a pagar o la presentación de reclamos para reducir el impuesto a pagar.

Entre los hallazgos, se encontró que la mayoría de las personas se equivoca sobre el destino de sus impuestos y que, cuando conocen el dato real, corrigen sus creencias. También el efecto sobre la disposición a pagar depende de manera significativa de la percepción del beneficio propio. Los hogares con hijos en escuelas públicas, al enterarse de que una proporción mayor de su predial se destinaba a esas escuelas, se volvieron menos propensos a impugnar su impuesto. Los hogares sin hijos en el sistema público reaccionaron al revés: al saber que sostenían un servicio del que no se beneficiaban, buscaron con mayor frecuencia reducir su contribución.

Este comportamiento se denomina “motivación recíproca”; pagamos con mayor disposición cuando creemos que los servicios financiados con nuestros impuestos nos devuelven algo.

El impuesto deja de percibirse solo como un costo y pasa a entenderse como parte de un intercambio, cuyo saldo percibido afecta la voluntad de cumplir. El estudio encontró que lo que impulsó la conducta no fue la realidad del gasto, sino su percepción. Bastó corregir una creencia errónea para cambiar la decisión de pagar.

El estudio claramente no es completamente extrapolable a otras condiciones, a otros tipos de impuestos ni a todas las sociedades. Se dio en un entorno de cobro estricto, donde casi todos pagaban y el margen de maniobra consistía en la posibilidad de una impugnación legal del pago y, además, con escuelas públicas de buena calidad. Pero si existe una conclusión complementaria relevante, en aquellos lugares donde los servicios públicos son deficientes o se percibe que los recursos se desvían, el efecto de reciprocidad puede debilitarse e incluso invertirse.

Para México, el tema es relevante. Nuestro país recauda poco: 18.3% del PIB en 2024, apenas por encima del 17.7% de 2023, la cifra más baja de la OCDE y muy lejos del promedio de 34.1% de esa organización.

Las explicaciones habituales son la informalidad, la evasión y la debilidad del cobro. Además, añadir un enfoque conductual permite ofrecer una explicación complementaria: si las personas no perciben que sus impuestos regresan en forma de servicios visibles y de calidad, y desconfían de cómo se gastan, su “moral fiscal” se deteriora. No es únicamente que se pague poco porque el Estado recauda poco; también se aporta poco porque no se ve y/o no se cree que se reciba algo a cambio.

Con ello en mente, elevar la recaudación no se limita a fiscalizar más ni a subir las tasas de contribución. Requiere reconstruir el vínculo percibido entre lo que se paga y lo que se recibe, con transparencia en el destino del gasto, con calidad palpable en los servicios y un uso de los recursos creíble. Cuando una persona puede ver y confiar en que su contribución se traduce en una escuela decente, una calle segura o un hospital que funciona, su disposición a pagar aumenta.

El impuesto opera como un pacto de reciprocidad: aporto y, a cambio, recibo seguridad, educación, caminos y justicia. Cuando ese pacto es visible y creíble, la gente cumple mejor; pero cuando se vuelve opaco, ninguna fiscalización lo compensa del todo.

Por lo anterior, además del combate a la informalidad, la creación de mecanismos de contribución más efectivos, reduciendo la discrecionalidad de la autoridad, hacer evidente adónde va cada peso y demostrar que genera beneficios tangibles para quienes pagan son palancas desaprovechadas para fortalecer la recaudación.