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Niegan reducción de condena al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva
Un juez federal de la Ciudad de México declaró improcedente la solicitud presentada por su defensa para modificar o reducir la condena de 35 años y nueve meses de prisión que le fue impuesta por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.
Foto EE:
Cancún, QRoo.- El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, recibió un nuevo revés judicial. Un juez federal de la Ciudad de México declaró improcedente la solicitud presentada por su defensa para modificar o reducir la condena de 35 años y nueve meses de prisión que le fue impuesta por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.
El titular del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas determinó que no existen elementos legales suficientes para alterar la sentencia, pese a los argumentos de la defensa relativos a la edad y el estado de salud del exmandatario.
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El juzgador concluyó que Villanueva Madrid continúa siendo responsable de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, derivados de su colaboración para facilitar actividades de tráfico de estupefacientes durante su gestión como servidor público. En consecuencia, la condena permanece firme.
Actualmente, el exgobernador cumple la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria, beneficio que le fue concedido en 2020 por motivos de salud en el contexto de la pandemia de Covid-19. Su defensa ha interpuesto diversos recursos con el objetivo de evitar un eventual reingreso al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos, luego de que se ordenara previamente su retorno a un centro de reclusión federal.
La resolución del juez de ejecución fue impugnada por los abogados de Villanueva Madrid, por lo que ahora corresponderá a un Tribunal Colegiado de Apelación analizar si confirma, modifica o revoca el fallo.
Mario Villanueva gobernó el estado de Quintana Roo entre 1993 y 1999. Al término de su mandato fue investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Juárez. Fue detenido en 2001, extraditado a Estados Unidos en 2010 por cargos de lavado de dinero y repatriado a México en 2017 para continuar el cumplimiento de las sentencias dictadas por tribunales mexicanos.
Con esta decisión, el Poder Judicial federal mantiene sin cambios una de las condenas más extensas impuestas a un exgobernador en el país por delitos relacionados con el crimen organizado, en un proceso que se ha prolongado por más de dos décadas.