Exigen transparencia y reparación ambiental tras el laudo arbitral en el caso Vulcan-Calica

Cancún, QRoo.- Organizaciones ambientalistas demandaron este domingo que el Gobierno federal publique íntegramente el laudo arbitral del caso Vulcan y traduzca la decisión en acciones concretas de reparación ambiental y social en Quintana Roo.

En un pronunciamiento conjunto, Quetzzal Tzab González, del Movimiento Maya Peninsular, y Aracely Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, señalaron que el fallo favorable a México no cierra el conflicto generado por décadas de extracción de material pétreo en la zona de Calica.

Las organizaciones exigieron conocer el monto exacto de la indemnización, la argumentación jurídica, el resultado de la contrademanda interpuesta por el Estado mexicano y la distribución de los costos del arbitraje.

Asimismo, consideraron que el caso evidencia la necesidad de reformar los mecanismos internacionales de solución de controversias entre Estados e inversionistas (ISDS), a fin de que las empresas asuman obligaciones ambientales y de derechos humanos, y que las comunidades afectadas tengan participación efectiva.

Uno de los reclamos centrales se centra en el Área de Protección de Flora y Fauna “Felipe Carrillo Puerto”, decretada en 2024 sobre más de 53 mil hectáreas.

Denunciaron que, pese al plazo legal de un año, el programa de manejo aún no ha sido publicado, por lo que demandaron su elaboración mediante consulta previa, libre e informada.

También solicitaron que la remediación ambiental se acompañe de una reparación social, a través de un plan público supervisado por la ciudadanía y la creación de un fondo destinado a atender necesidades de salud, agua potable e infraestructura en las colonias afectadas.

Respecto a Punta Venado, pidieron claridad sobre el destino de la terminal portuaria y de la concesión vigente hasta 2037. Las organizaciones ambientalistas insistieron en que el cierre de la extracción debe ser definitivo y rechazaron cualquier posibilidad de nuevas concesiones para Vulcan en Quintana Roo o en cualquier otra entidad del país.

“El laudo no repara el acuífero. La selva no vuelve. Los cenotes no sanan solos. Esa reparación la seguiremos exigiendo ante las autoridades, litigando en los tribunales mexicanos y organizándonos en las comunidades”, concluyeron.

El pronunciamiento se produce después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitiera su laudo final en el arbitraje promovido por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, contra México.

El tribunal desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, que había solicitado más de 1,900 millones de dólares, y únicamente reconoció procedente una medida relacionada con la clausura de un predio en enero de 2018, equivalente a menos del 1% del monto originalmente reclamado (alrededor de 15 a 17 millones de dólares).