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Nuevo León busca blindar propiedades contra despojo y otros delitos con alertas inmobiliaria y catastral

A partir de este año será obligatorio contratar una alerta inmobiliaria y una alerta catastral en el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, lo que permite recibir notificaciones sobre movimientos en el Registro Público de la Propiedad, como hipotecas, embargos o movimientos en el Catastro de una propiedad.

Foto: Juan Manuel Escobedo, presidente de AMPI, capítulo Monterrey. Foto EE: Lourdes Flores

Monterrey, NL. El estado de Nuevo León está cerca de blindarse de manera efectiva contra los esquemas de fraude inmobiliario que se han presentado en la entidad, con la alerta inmobiliaria y la alerta catastral, que entraron en vigor de manera obligatoria a partir de este año, indicó a El Economista, Juan Manuel Escobedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Capítulo Monterrey.

Explicó que en octubre de 2023, diputados locales enviaron una iniciativa de reformas a la Ley de Notariado del Estado de Nuevo León, al Código Penal del estado, al Código Civil de la entidad y del Instituto Registral y Catastral en materia de despojo de inmuebles.

Fue a partir del mes de enero que el Instituto Registral y Catastral confirmó la obligatoriedad del trámite que se realiza de manera anual, uno para la alerta inmobiliaria con un costo de 543.00 pesos o cinco UMAs (Unidad de Medida y Actualización) y la alerta catastral también tiene un costo de 543.000 o cinco UMAs, comentó el dirigente.

Cabe recordar que el pasado 25 de octubre, el diputado Javier Caballero Gaona y los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, enviaron una iniciativa, la cual en su explicación de motivos mencionan los datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que revelan el crecimiento de delitos como el despojo de inmuebles en los años recientes.

Sin embargo, el presidente de AMPI aclaró que el delito de despojo no está separado, sino que toma en cuenta el despojo de cosas, inmuebles o de aguas.

Aún así, en 2019 se presentaron 846 denuncias, la cifra aumentó en 2020 año en que comenzó la pandemia de Covid-19 a 1,022, al año siguiente se disparó a 1,406, en 2022 disminuyó ligeramente a 1,360 y hasta el mes de octubre de 2023 se presentaron 890 denuncias, sin embargo, los diputados estimaron que de acuerdo a la tendencia, llegarían a una cifra de 1,400 denuncias.

En la exposición de motivos de la iniciativa del diputado Javier Caballero indica "estos datos son sin contar la cifra negra y otros hechos delictivos, como robo, allanamiento, invasión de inmuebles, administración fraudulenta, abuso de confianza o falsificación de documentos, que también suelen ser recurrentes al configurarse el delito de despojo de inmuebles, por lo que la cifra podría ser mucho mayor".

¿Qué es la alerta inmobiliaria y la alerta catastral?

La alerta inmobiliaria son notificaciones que informan sobre movimientos en el Registro Público de la Propiedad, como cambios de titularidad, cargas, hipotecas, embargos o cualquier otro tipo de anotación que afecte al inmueble. Estas alertas son cruciales para detectar actividades fraudulentas o errores administrativos a tiempo.

La alerta catastral, son notificaciones que informan sobre movimientos en el Catastro de una propiedad. Esto incluye cambios en la titularidad, alteraciones en los datos físicos del inmueble y cualquier actualización relevante en el Registro Catastral.

rrg

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