SICT vivirá primer sondeo de nueva ley de inversiones mixtas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene previsto recibir este miércoles las propuestas técnicas y económicas de las primeras tres licitaciones bajo la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFPIIEDB) relacionadas con infraestructura carretera.

La fecha final de fallo se fijó para el 15 de octubre (inicialmente era entre el 10 y el 11 de septiembre).

En los procesos, de carácter internacional y con vigencia plurianual de los contratos a diciembre de 2030, no se ha observado interés de constructoras (en uno de ellos no se presentó nadie a la visita de sitio de los trabajos) y en el resto no fueron más de cinco.

De acuerdo con la información disponible, en las juntas de aclaraciones solamente destaca Omega Construcciones Industriales (con más 450 preguntas, a pesar de que se trata de una nueva modalidad de contratación y con esquemas de financiamiento que se utilizarán por primera ocasión).

Con los concursos se busca ampliar la conectividad de la red carretera federal en colaboración con el sector privado.

Uno de ellos se relaciona con el tramo Tamazunchale-Huejutla-Pachuca (que incluye la ampliación de un libramiento de nueve km más puentes y entronques) y los otros con el eje prioritario Salina Cruz-Zihuatanejo, divido en dos licitaciones: uno incluye entre sus trabajos la modernización de 103 km de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y el segundo la modernización de los tramos Oaxaca-Pinotepa Nacional y Pinotepa Nacional-Puerto Escondido.

En los tres casos las convocatorias fueron publicadas por la SICT el pasado 24 de julio e implicaban una junta de aclaraciones, aunque finalmente se hicieron tres por los cuestionamientos recibidos.

Sin embargo, ante la necesidad de hacer los trabajos con carácter estratégico, la semana pasada se precisó a los participantes que fecha de inicio de los mismos será el 16 de octubre de 2026 con la finalidad de garantizar la igualdad de circunstancias y otorgar el tiempo suficiente para la consulta, análisis y debida integración de las propuestas.

La fuente de pago para los procedimientos “será a través de los recursos de origen público, privado o mixto destinados al financiamiento, operación, respaldo o cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que, se adjudique, incluyendo, contraprestaciones, ingresos propios, derechos de cobro, garantías, apoyos financieros o cualquier otro mecanismo previsto por la LFPIIEDB”, por lo que el miércoles se harán públicos los montos.

El motor de la inversión mixta

En la actual administración federal se ha buscado una nueva relación entre las dependencias y el sector privado para el desarrollo de infraestructura en diversas modalidades, utilizando, por ejemplo, los esquemas existentes en la Ley de Asociaciones Público Privadas, con la que Banobras tiene en marcha el concurso C-MRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación) del Corredor del Golfo de México, en Tamaulipas)

Aunque la apuesta principal es la nueva ley (creada este año), para que se convierta en un detonador de inversión conjunta en obras estratégicas definidas por el gobierno central y, con ello, en el corto plazo, ayudar a que el sector tenga un cierre de 2026 con crecimiento.

En ese optimismo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dijo a El Economista la semana pasada: La participación de la iniciativa privada en esquemas de inversión mixta permite que los proyectos tengan fuentes de financiamiento adicionales y flujos más estables. Esa es la condición para que la actividad que hoy sostiene casi cinco millones de empleos mantenga su ritmo durante el resto de 2026.

Bajo la nueva ley han identificado “alrededor de 30 proyectos”, aunque en el sitio web donde se desarrollan exclusivamente las licitaciones (https://proyectosestrategicosmx.hacienda.gob.mx), también de nueva creación, a la fecha hay 79 licitaciones, de las cuales 18 corresponden a la SICT y el resto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Como argumento de las licitaciones, la SICT explicó la infraestructura estratégica es el conjunto obras de instalaciones y sistemas cuya construcción, mantenimiento, modernización u operación resulte esencial para el desarrollo económico, la integración territorial y el funcionamiento eficiente de la economía, así como para garantizar la seguridad energética e hídrica y fortalecer la resiliencia productiva del país.

Con la finalidad de verificar la calidad de los trabajos realizados, la adecuada utilización de los recursos, y la protección del interés público, la dependencia se hará cargo de contratar a un auditor técnico, que “deberá ser una persona moral o un profesional independiente con experiencia acreditada en la supervisión técnica de proyectos de infraestructura de naturaleza y complejidad similares” a los proyectos.