EU activa de nuevo el Mecanismo Laboral del T-MEC; pone bajo la lupa a Carolina Performance Fabrics

El gobierno de Estados Unidos activó una vez más el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, para que las autoridades mexicanas investiguen la presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la planta de Carolina Performance Fabrics, S.A. de C.V., ubicada en el estado de Guanajuato.

La empresa, enfocada en la manufactura de textiles especializados de alto rendimiento para la industria automotriz, enfrenta acusaciones por injerencia sindical y represalias contra los trabajadores que buscan organizarse.

La activación del mecanismo deriva de una queja interpuesta el pasado 10 de septiembre por un sindicato afiliado a la Confederación Central Nacional que lidera Víctor Manuel Mendoza Pantoja.

De acuerdo con el expediente recibido por el Comité Interagencial Laboral para el Monitoreo y la Aplicación, coordinado por la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos y el Departamento del Trabajo de dicho país, la administración de la planta habría incurrido en intimidación y hostigamiento contra empleados vinculados a la promoción del sindicato, despidos injustificados directos en represalia por actividades de organización y una injerencia patronal deliberada para frenar la representatividad laboral.

Tras la evaluación realizada dentro del plazo reglamentario de 30 días, el comité concluyó que existen elementos de prueba suficientes y creíbles de una posible denegación de derechos, lo que habilita la invocación del Anexo 31-A del acuerdo trinacional.

A la par de remitir la solicitud formal de revisión al gobierno de México, la representación comercial estadounidense dio instrucciones directas al Departamento del Tesoro para proceder con la suspensión inmediata de la liquidación de entradas aduaneras de mercancías no liquidadas provenientes de las instalaciones de la empresa en Guanajuato.

Esta medida cautelar impacta el flujo de los insumos textiles destinados al sector automotriz en la cadena de suministro norteamericana hasta que concluya el procedimiento sancionatorio o se defina un plan de remediación conjunto.

Respecto a los tiempos del procedimiento, el gobierno de México cuenta con un plazo máximo de 10 días para notificar si acepta realizar la revisión formal, y dispondrá de un periodo de 45 días contados a partir de la solicitud inicial para concluir la investigación interna y determinar la existencia o no de las violaciones alegadas.

Con esta queja, la industria automotriz y sus sectores auxiliares en el bajío mexicano suman un nuevo expediente bajo el escrutinio del capítulo laboral del T-MEC, reforzando la tendencia de fiscalización sobre los centros de trabajo proveedores en las cadenas regionales de valor.