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Del desecho al horno industrial: la apuesta de Cementos Moctezuma por los combustibles alternos
La cementera transforma neumáticos descartados mientras enfrenta nuevos gravámenes estatales y busca reducir emisiones mediante inversiones e innovación.
El compromiso sectorial es reducir las emisiones de 629 kg de CO2 por tonelada de cemento.
Tepetzingo, Morelos. — En el horizonte de la industria cementera mexicana, las chimeneas y los hornos de alta temperatura ya no representan únicamente el proceso tradicional de fabricación de insumos para la construcción. Hoy en día, instalaciones como la planta de Cementos Moctezuma en Tepetzingo se están convirtiendo en el epicentro de una transformación energética impulsada por la necesidad de reducir la huella de carbono y contrarrestar la creciente presión operativa y fiscal sobre el sector.
Frente a la generación de más de 50 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año en México —de los cuales apenas el 5% recibe tratamiento adecuado—, la industria cementera ha encontrado en el coprocesamiento térmico una vía sustentable para sustituir combustibles fósiles tradicionales como el carbón o el petcoke.
El valor energético de los residuos
Un ejemplo de esta estrategia es el Centro Estatal de Economía Circular para Neumáticos Fuera de Uso (CEEC), ubicado en Jiutepec, Morelos, e inaugurado conjuntamente por Cementos Moctezuma y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado. Con una inversión de 240 millones de pesos, este centro —el primero en su tipo a nivel nacional— busca solucionar un severo problema ambiental y de salud pública: la proliferación de llantas abandonadas en barrancos y ríos que se convierten en criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.
El proceso transforma de manera integral un pasivo ambiental en un insumo térmico de alto valor energético. Desde campañas comunitarias de acopio en las que los ciudadanos entregan neumáticos viejos, hasta la recepción de descarte industrial (scrap), el centro tiene capacidad para triturar hasta 3,000 toneladas mensuales de caucho, procesando actualmente un promedio de 400 toneladas al mes.
"El objetivo es aprovechar las últimas propiedades calóricas de la llanta en lugar de que queden en barrancos o ríos generando contaminación visual y ambiental", explica Lizzette Robles, especialista en combustibles alternos y economía circular de Cementos Moctezuma.
Robles detalla que, tras la recepción de neumáticos de todo tipo —desde bicicletas hasta unidades de tráiler—, un sistema de cuchillas industriales los reduce a fragmentos conocidos como chip de llanta. Este material es transportado a la planta de Tepetzingo, donde ingresa al precalentador del horno cementero.
A temperaturas superiores a los 1,400 °C, las cuerdas de acero y el caucho se desintegran por completo, integrándose químicamente a la masa del clínker sin generar cenizas ni residuos secundarios, logrando un aprovechamiento del 100%. Este esquema da cumplimiento directo a la Ley de Economía Circular y al principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), garantizando la trazabilidad de los productos consumidos.
Esta iniciativa forma parte de un despliegue mayor: Cementos Moctezuma ha destinado un total de 459 millones de pesos en infraestructura para combustibles alternos, logrando sustituir un 8.4% de sus requerimientos térmicos tras haber consumido 32,610 toneladas de desechos y biomasa (volumen equivalente a 10 Estadios Aztecas llenos).
El debate fiscal: los impuestos verdes a debate
A pesar de los avances en materia de economía circular y sostenibilidad, la industria cementera atraviesa una fuerte tensión con gobiernos locales como los de San Luis Potosí y Nuevo León a causa de la aplicación de impuestos ambientales estatales.
El Ingeniero José María Barroso Ramírez, presidente de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) y director general de Cementos Moctezuma, cuestiona la superposición de gravámenes locales sobre los impuestos federales que las empresas ya cumplen, advirtiendo que estas cargas fiscales presionan los costos operativos y alimentan el alza en los precios del cemento, los cuales registran un incremento anual del 6% derivado de tensiones internacionales y el encarecimiento global de energéticos.
“En San Luis Potosí tenemos demandas, como industria. Nos quieren cobrar, como otros gobernadores, indebidamente por emisiones, cuando debe ser una Ley federal, no estatal. Desafortunadamente el Congreso les autoriza la iniciativa”, afirma Barroso Ramírez.
El dirigente gremial recordó el antecedente de Zacatecas, donde en 2017 se gravaron la extracción de materiales del suelo y las emisiones a la atmósfera. Aunque el Ejecutivo federal promovió en su momento una controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por validar la facultad de los estados para cobrar impuestos por contaminación.
Barroso advierte sobre el riesgo de replicar escenarios internacionales desfavorables: “Pueden acabar con la industria a punta de impuestos, no sería el primer caso”, señaló, citando el caso de Chile, donde gravámenes ambientales aplicados hace una década derivaron en desindustrialización y mayor dependencia de importaciones.
Ante este contexto, la Canacem ha promovido recursos de amparo en San Luis Potosí y ha solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, para promover un marco normativo federal homogéneo que limite las atribuciones fiscales de las entidades federativas.
Metas hacia 2030
Responsables de aproximadamente el 8% de las emisiones mundiales de CO2, las cementeras agrupadas en la Canacem —como Cemex, Holcim, Cruz Azul, Fortaleza y GCC— buscan avanzar hacia las metas de la Hoja de Ruta México "Hacia una Economía Baja en Carbono" de la FICEM. El compromiso sectorial es reducir las emisiones de 629 kg de CO2 por tonelada de cemento (nivel de 2016) a 520 kg para el año 2030.
Sin embargo, para lograr esta meta de descarbonización del 17%, el Ing. Barroso enfatiza que se requiere un esfuerzo coordinado y certidumbre jurídica: “Es un camino largo, desde luego, la presidenta cuenta con nosotros, pero no podemos con toda la carga económica solos, ni con todos los problemas ambientales. Tiene que participar toda la sociedad y el resto de las industrias”, puntualizó.