Concluye plan de reparación en 4 de 52 casos del T-MEC

De un registro oficial integrado por 52 casos tramitados al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) únicamente ha informado sobre la conclusión en la instrumentación de un Plan de Reparación en cuatro expedientes.

Se trata de las empresas Akwel Juárez México en Chihuahua, Transportista Kamu en Baja California, Alimentos Grole en Sonora y Corporación de Occidente en Jalisco.

Al examinar los informes de investigación emitidos por la autoridad laboral federal en estos cuatro centros de trabajo, existen coincidencia y discrepancias respecto a las conductas señaladas.

Entre las coincidencias se encuentra la presencia de despidos de personal. En las plantas de Akwel Juárez, Alimentos Grole y Transportista Kamu, la dependencia federal determinó indicios de que al menos dos personas trabajadoras en cada una de ellas fueron separadas de sus puestos como consecuencia de sus actividades o simpatías sindicales.

A la par, los cuatro expedientes compartieron señalamientos por injerencia patronal en la vida interna de las organizaciones de los trabajadores, así como la obligación impuesta a las empresas de firmar cartas de neutralidad, capacitar a sus mandos medios, instalar buzones anónimos de denuncia y cubrir liquidaciones o salarios caídos.

Por el contrario, los expedientes muestran diferencias en el tipo de violaciones laborales. En Transportista Kamu, la investigación expuso un esquema corporativo donde el personal fue transferido de la razón social Liber Gennesys sin notificación previa, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social canceló el registro patronal de la primera firma.

En este caso también se detectó la firma de contratos colectivos con condiciones mínimas, la omisión en el descuento de cuotas sindicales y la falta de revisiones contractuales y salariales entre 2022 y 2025.

• En Alimentos Grole: las conductas incluyeron la promoción patronal de un comité interno para asumir funciones de representación colectiva, la aplicación de vacaciones obligatorias a cinco integrantes del comité sindical del gremio SITIES y la negativa empresarial a entablar negociaciones.

• En Akwel Juárez: la autoridad detectó que la administración facilitó asambleas de una organización de la Confederación de Trabajadores de México para restar presencia al sindicato independiente SINATAM, aunado a que mandos de confianza comunicaron a la plantilla que una huelga laboral era inexistente.

• El caso de Corporación de Occidente: presentó un escenario distinto en sus conclusiones técnicas. Durante su investigación inicial, la dependencia gubernamental determinó la reclasificación de una persona antes de ser despedida, pero descartó la existencia de pruebas sobre intimidación o que los ceses estuvieran motivados por razones sindicales.

No obstante, derivado del proceso de consultas bilaterales, la empresa aceptó un esquema que incluyó ofertas de recontratación para siete personas, reinstalación o indemnización para cinco trabajadores y la creación de un sistema de asignación de insumos de producción.

Respecto a los demás casos registrados en el MLRR, información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reflejan un comportamiento procesal diverso. De las 40 publicaciones que integran el archivo institucional, 12 reportan la conclusión de investigaciones internas donde la autoridad determinó la existencia o ausencia de vulneraciones.

En 11 comunicados se anunció la admisión de solicitudes de revisión provenientes de Estados Unidos, correspondientes a instalaciones como Volkswagen, Pirelli, Impro México y la mina Camino Rojo.

Otras 10 resoluciones difundidas por el gobierno corresponden a cierres acordados de manera bilateral entre las administraciones de México y Estados Unidos.

En empresas como Fujikura Automotive, Servicios Industriales González y Volkswagen, el mecanismo concluyó formalmente mediante acuerdos binacionales sin que mediara un informe público previo sobre la conclusión de un plan de reparación.

Asimismo, el registro oficial documenta la instrumentación de un Memorándum de Entendimiento en Industrias Tecnos, la emisión de un informe por parte de un panel arbitral en el caso de la mina Camino Rojo y una declaración de avance conjunto bilateral en Teklas.