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Chile busca agilizar proyectos de inversión
Después de casi un año y medio de discusión, durante la tarde de este martes la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, dándole el avance de su tercer trámite constitucional y dejándolo listo para convertirse en legislación.
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Después de casi un año y medio de discusión, durante la tarde de este martes la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, dándole el avance de su tercer trámite constitucional y dejándolo listo para convertirse en legislación.
Con 93 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones se aprobaron los cambios que se le hicieron en el Senado y queda lista para su despacho a ley.
El proyecto fue ingresado en enero de 2024 como una iniciativa del Ejecutivo con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación de los permisos de proyectos de inversión, por lo que ha contado con gran apoyo por parte del empresariado. Se espera que la nueva legislación reduzca los plazos entre 30% y 70%, dependiendo de la magnitud del proyecto.
Así, se modifican 380 autorizaciones sectoriales, pertenecientes a 37 servicios y 16 ministerios.
El proyecto considera la creación de un Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, una nueva institucionalidad y herramientas encargadas para acelerar la tramitación de autorizaciones. Incorpora sanciones e incentivos para los funcionarios de servicios y para los usuarios de proyectos.
Tras su paso por ambas cámaras, el proyecto considera diferentes soluciones para agilizar la tramitación de autorizaciones sectoriales.
En primera instancia, establece normas mínimas de tramitación para todos los permisos sectoriales que abarcan formularios, examen de admisibilidad e informes entre servicios.
La estabilidad regulatoria incluye que se realicen informes entre servicios, plazos máximos obligatorios y el uso del silencio administrativo.
También se crean las denominadas Técnicas Habilitantes Alternativas, como declaraciones juradas o avisos que reemplazarán a los permisos de bajo riesgo y que estarán sujetas a fiscalización ex post y en caso de fraude, serán sancionados. La ley crea la nueva institucionalidad de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.