Corrupción cuesta 9 puntos del PIB anual

Las empresas que operan en México tienen que pagar cerca de 79,000 millones de pesos anuales para agilizar trámites o conseguir permisos de operación, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

De acuerdo con Luis Foncerrada, director del CEESP, los emprendedores y empresarios que producen en el país destinan 10% de su ingreso anual al pago de sobornos y cohechos, lo que a nivel macro significa el gasto de hasta 9% del PIB anual.

Al presentar la Iniciativa del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) titulada Alianza contra la Corrupción (PACI, por su sigla en inglés), el funcionario evidenció que esta práctica es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo empresarial.

Y observó que la regulación excesiva se ha convertido en el suelo fértil de las prácticas de corrupción en el país.

Para ilustrarlo, el Reporte de Competitividad 2009-2010 del WEF muestra que es la corrupción el segundo factor más problemático al que se enfrentan los industriales en México, para hacer negocios.

El primero, afirma Michael Pedersen, director asociado del Foro, es la ineficiencia pública y la burocracia.

Regulación, el lastre de siempre

Según el Reporte de Competitividad 2009-2010 , México ocupa el sitio 117 global de carga regulatoria para las empresas, en un comparativo de 132 países, con una calificación de 2.6 puntos, donde 1 es el más bajo que se podría obtener y 7 el más alto.

Por su parte, expuso que el caso de México no es aislado, pues a nivel mundial, estima que se tienen que pagar unos 1,300 millones de dólares para el pago de sobornos y cohechos, una práctica que enfatizó: Menoscaba la ley y afecta los mercados .

Al presentar en México la iniciativa de la Alianza contra la Corrupción, el experto del WEF dijo que México está en la parte media de los sobornos de América Latina.

Al remitirnos al reporte de competitividad más reciente del organismo, resulta que los empresarios mundiales perciben que el gobierno de países como Nepal, Madagascar, Brunei, Camboya, Puerto Rico y Perú resuelve con mayor objetividad la participación empresarial en el desarrollo público, que en México.

ymorales@eleconomista.com.mx