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Cofece investiga posibles prácticas monopólicas en corredores públicos
El periodo de investigación es de hasta 120 días hábiles, contados a partir de la emisión del acuerdo de inicio, 2 de octubre de 2018, el cual podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones adicionales.
Foto EE: Natalia Gaia
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicó el aviso de inicio de una investigación por denuncia por las posibles prácticas monopólicas en el mercado de servicio de afiliación a colegios de corredores públicos en plazas que conforman el país y servicios relacionados.
El corredor público es un fedatario con una función mixta: perito en derecho mercantil y en aspectos económicos-financieros. Mediante exámenes, es autorizado por la Secretaría de Economía (SE) para actuar como un agente auxiliar del comercio.
De acuerdo con la Ley Federal de Correduría Pública (LFCP) y su Reglamento, le corresponde actuar en hechos y contratos de naturaleza mercantil como constitución de toda clase de sociedades mercantiles o la protocolización de actas de asamblea de socios y sesiones de consejos de administración, entre otras funciones.
La autoridad antimonopolios refirió en un comunicado que los corredores públicos contribuyen a la realización de diversas actividades económicas mediante la prestación de sus servicios, por lo que deben otorgarse en un entorno competitivo.
La investigación, aclaró, no debe entenderse como un prejuzgamiento, pues hasta el momento no se han identificado violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni quien, de ser el caso, sería considerado como probable responsable al término de la indagatoria.
El periodo de investigación es de hasta 120 días hábiles, contados a partir de la emisión del acuerdo de inicio, 2 de octubre de 2018, el cual podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones adicionales.
Si al término del plazo no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el pleno de la Cofece podrá resolver que el expediente se cierre.
En caso de que existan elementos objetivos que presuman una violación a la Ley, los responsables serán llamados a un procedimiento en forma de juicio para que presenten su defensa. De comprobarse, podrían ser sancionados con multas de hasta 8.0 por ciento de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta.