Los 27 países de la Unión Europea aprueban que se firme el TLCUEM

Los 27 países de la Unión Europea aprobaron que se firme la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), en la cual se incluye una ampliación de la apertura en el comercio y la inversión entre ambas partes.

El documento a firmar tiene una mayor amplitud dado que se trata del Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación Unión Europea-México (también denominado Acuerdo Global), puesto en vigor en el 2000 y en el que se incluye el TLCUEM.

Tras concluir el 17 de enero de 2025 las negociaciones sobre el Acuerdo Global modernizado, se ha programado firmar este en una cumbre bilateral en la Ciudad de México para el próximo 22 de mayo.

Entre sus objetivos, el TLCUEM modernizado amplía el acceso al mercado en el sector agropecuario y pesquero, generando oportunidades para el crecimiento de las exportaciones en ambas vías. También homologa disposiciones en materia de inversión; crea un capítulo de facilitación del comercio; garantiza la no existencia de monopolios para la exportación e importación de materias primas; y crea un capítulo de comercio digital.

El acuerdo le otorgará a México un mejor acceso para productos que incluyen jugo de naranja, atún, espárragos, miel y albúmina de clara de huevo, así como un acceso equitativo para los productos cárnicos, incluido el pollo.

A su vez, México eliminará aranceles de hasta 100% sobre importantes productos de exportación de la Unión Europea, como queso, aves, cerdo, pasta, manzanas, mermeladas y confituras, así como chocolate y vino. Y ampliará la protección de productos europeos tradicionales e icónicos (Indicaciones Geográficas) a 568.

“La decisión marca un hito importante para la Unión Europea y su larga alianza con México. Al avanzar con estos acuerdos, profundizamos nuestra cooperación con un socio de confianza e impulsamos la agenda más amplia de la Unión Europea para diversificar sus relaciones comerciales globales”, declaró el ministro de Comercio de Chipre, Michael Damianos, cuyo país ejerce este semestre la presidencia rotatoria.

En materia de contratación pública, servicios e inversión, se mejorará el acceso de las empresas de la Unión Europea a las licitaciones del gobierno mexicano, permitiéndoles participar en una gama más amplia de concursos federales y estatales, mientras México alinea sus normas de transparencia con el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC.

El Acuerdo Global modernizado facilitará la inversión al establecer reglas contra el trato injusto y reemplazará el antiguo sistema de resolución de disputas por un nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones. Además, permitirá la prestación de servicios en sectores clave como finanzas, telecomunicaciones, transporte, comercio digital, servicios medioambientales y postales, apoyado por un capítulo digital dedicado a eliminar barreras al comercio en línea y proteger a los consumidores.

Para asegurar el suministro de materias primas necesarias para las transiciones digital y verde, el acuerdo garantizará el comercio y la inversión mediante un mejor acceso al mercado, la eliminación de restricciones a la exportación y aranceles de importación, y la prohibición de monopolios de exportación o intervenciones injustificadas en la fijación de precios.

En el ámbito de la propiedad intelectual, se mejorará la protección en México de los activos europeos, declarando ilegal la venta de imitaciones de productos específicos como el champán, el jamón de Parma o el vino de Rioja, además de proteger el trabajo de los artistas de la Unión Europea frente a copias no autorizadas y asegurar el pago de regalías.

Paralelamente, hará que las exportaciones agroalimentarias bilaterales sean más rápidas mediante procedimientos más simples.

Por último, el nuevo Acuerdo Global promoverá el desarrollo sostenible mediante compromisos legalmente vinculantes sobre protección ambiental y derechos laborales, fomentando la responsabilidad empresarial y la gestión sostenible de la pesca y los bosques.

La sociedad civil tendrá un papel activo en el seguimiento del acuerdo, cuyos compromisos serán exigibles mediante paneles de expertos independientes. Complementariamente, el tratado incluye medidas estrictas para combatir la corrupción, tipificando el soborno como delito para los funcionarios públicos, fortaleciendo los controles internos y las auditorías financieras, y estableciendo mecanismos para atajar el blanqueo de capitales.