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Día Mundial contra la Pena de Muerte: los casos que reavivan el debate y qué pasa en México
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Este año, las polémicas por las ejecuciones en Estados Unidos vuelven a poner sobre la mesa un castigo que México prohibió constitucionalmente en 2005.
Foto: Archivo
La pena de muerte vuelve a estar en el centro del debate internacional. En Estados Unidos, la posibilidad de transmitir en vivo una ejecución militar y el caso de una mujer que sobrevivió a una inyección letal han generado cuestionamientos sobre los métodos utilizados para aplicar este castigo y sus implicaciones para los derechos humanos.
La discusión coincide con el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora cada 10 de octubre y busca impulsar su abolición definitiva, en un contexto en el que la mayoría de los países ya la han eliminado de sus leyes o han dejado de aplicarla.
En México, aunque la pena capital está prohibida por la Constitución desde hace más de dos décadas, su posible reinstauración ha aparecido en distintas propuestas políticas, particularmente como respuesta a delitos graves como el secuestro, el feminicidio y el homicidio.
¿Por qué se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte?
La conmemoración fue impulsada en 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, una organización internacional que reúne a asociaciones civiles, instituciones, profesionales del derecho y activistas que promueven la eliminación de este castigo.
Su objetivo es sensibilizar a la población sobre las consecuencias de las ejecuciones, denunciar posibles violaciones a los derechos humanos y promover cambios legales en los países que todavía contemplan la pena capital.
Entre los principales argumentos de las organizaciones abolicionistas se encuentran el carácter irreversible de la pena de muerte, el riesgo de ejecutar a personas condenadas injustamente y las desigualdades que pueden influir en su aplicación.
Aunque la abolición ha avanzado en distintas regiones, miles de personas permanecen condenadas a muerte y varios gobiernos continúan realizando ejecuciones.
Estados Unidos: polémica por la posible transmisión de una ejecución militar
Uno de los casos que ha provocado mayor controversia esta semana es el de Nidal Hasan, un expsiquiatra del Ejército estadounidense condenado por asesinar a 13 personas, entre ellas 12 militares, durante un tiroteo ocurrido en noviembre de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.
Hasan, de 56 años, fue condenado a muerte en 2013 y su ejecución por fusilamiento está programada para el próximo 3 de diciembre de 2026.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció que la ejecución sería transmitida en directo para que el público pudiera presenciarla, una decisión que provocó críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, representantes religiosos y legisladores de ambos partidos.
El presidente Donald Trump, quien autorizó la ejecución, dejó inicialmente en suspenso la decisión sobre su transmisión, mientras que el vicepresidente JD Vance expresó dudas sobre la conveniencia de hacerla pública.
De concretarse, sería la primera ejecución realizada por las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961 y el primer fusilamiento militar desde la Segunda Guerra Mundial.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que transmitir una ejecución equivaldría a realizarla públicamente y constituiría una forma de trato cruel, inhumano o degradante, contraria a las normas internacionales que prohíben la tortura.
Amnistía Internacional también cuestionó la iniciativa al considerar que convertir una ejecución ordenada por el Estado en un espectáculo público agrava la crueldad de la pena capital.
Foto de 2012 de Nidal Hasan, acusado de matar a 13 personas y herir a 31 en un tiroteo ocurrido en noviembre de 2009 en Fort Hood
Mujer sobrevive a una ejecución por inyección letal
Otro caso que ha reavivado la discusión ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando Christa Pike, una mujer de 50 años condenada por asesinato en Tennessee, sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal.
Pike recibió dos dosis de pentobarbital, un medicamento utilizado en las ejecuciones, pero el procedimiento no consiguió provocarle la muerte.
Tras permanecer hospitalizada e inconsciente durante varios días, recuperó el conocimiento y comenzó a hablar. Posteriormente logró caminar por su habitación, aunque sus abogados señalaron que presenta confusión, dificultades de memoria y problemas de concentración.
Los médicos todavía no han determinado si sufrió daños neurológicos permanentes.
La mujer fue condenada por el asesinato de una compañera de clase cometido en 1995. Desde la ejecución fallida, su defensa ha solicitado que conmute su sentencia por cadena perpetua.
El mandatario suspendió las ejecuciones en el estado mientras se realiza una investigación independiente sobre lo ocurrido.
De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), el caso es excepcional porque Pike sobrevivió después de recibir los medicamentos destinados a provocar su muerte. En otros intentos fallidos, los procedimientos fueron suspendidos por problemas para administrar las sustancias.
Christa Pike sigue hospitalizada y renuncia jefe de prisiones
¿Qué pasa con la pena de muerte en México?
A diferencia de Estados Unidos, en México se prohíbe expresamente la pena de muerte en la Constitución, por lo que ningún delito puede ser castigado legalmente con una ejecución.
La prohibición quedó establecida de manera definitiva mediante una reforma constitucional publicada el 9 de diciembre de 2005, durante el gobierno del expresidente Vicente Fox.
La modificación de los artículos 14 y 22 eliminó las disposiciones que todavía permitían contemplar la pena capital, particularmente en el ámbito militar.
Actualmente, el artículo 22 constitucional establece:
\"Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie\".
¿Cuándo fue la última ejecución en México?
Aunque la prohibición constitucional definitiva llegó en 2005, México había dejado de aplicar la pena de muerte varias décadas antes.
La última ejecución civil se registró en 1957, mientras que la última ejecución militar ocurrió el 9 de agosto de 1961, cuando fue fusilado el soldado José Isaías Constante Laureano en Saltillo, Coahuila.
La eliminación de esta sanción fue gradual. Durante el siglo XIX y parte del XX, distintas legislaciones estatales contemplaban la pena capital, pero las entidades comenzaron a retirarla de sus códigos penales.
Sonora fue el último estado en completar ese proceso, en 1975.
Intentos por reinstaurar la pena de muerte en México
Pese a su prohibición, la posibilidad de recuperar la pena capital ha regresado al debate político mexicano, principalmente después de crímenes que provocan indignación social.
Uno de sus principales promotores ha sido el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que durante diferentes campañas electorales planteó aplicar este castigo a responsables de delitos graves.
En las elecciones de 2009 y 2015, el partido impulsó propuestas para castigar con la muerte a secuestradores que asesinaran a sus víctimas.
La discusión volvió a cobrar fuerza en 2018, cuando el PVEM retomó la propuesta de modificar la Constitución para permitir la pena capital en casos de secuestro, violación y homicidio doloso.
Posteriormente, en febrero de 2020, legisladores del Partido Verde, con respaldo de algunos diputados de Morena, promovieron una iniciativa para reformar diversos artículos constitucionales y permitir su aplicación a feminicidas, violadores de menores de edad y responsables de homicidios dolosos.
Los promotores argumentaban que las penas de prisión existentes no eran suficientes para inhibir estos delitos.
Sin embargo, ninguna de estas propuestas consiguió modificar la prohibición constitucional.
¿Se podría reinstaurar la pena de muerte en México?
El principal obstáculo no es únicamente la Constitución, sino también los compromisos internacionales asumidos por el país.
México forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 4 establece que los países que hayan abolido la pena de muerte no pueden restablecerla.
Además, en 2007 México se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena capital.
Por ello, cualquier intento de reinstaurarla enfrentaría importantes obstáculos jurídicos.
En el ámbito nacional, sería necesaria una reforma constitucional aprobada por una mayoría calificada del Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas estatales. Aun así, modificar la Constitución no eliminaría automáticamente las obligaciones internacionales de México.
Un debate que continúa abierto en el mundo
La conmemoración del 10 de octubre ocurre en medio de dos realidades, ya que mientras numerosos países han avanzado hacia la abolición, otros mantienen la pena capital como parte de sus sistemas de justicia.
Los acontecimientos recientes en Estados Unidos han vuelto a poner bajo escrutinio no solamente la existencia de este castigo, sino también los métodos utilizados, las condiciones en que se realizan las ejecuciones y los límites que establecen los derechos humanos.
Para la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, la fecha representa una oportunidad para recordar que, más allá de la gravedad de los delitos, la justicia también debe considerar el riesgo de errores judiciales, la discriminación y el carácter irreversible de una ejecución.