Bancada senatorial del PRI insta al gobierno federal a apoyar a policías estatales y municipales
Los legisladores priistas recomendaron instrumentar una estrategia integral en materia de seguridad pública que combine prevención del delito, fortalecimiento institucional, inteligencia policial, investigación criminal y cooperación intergubernamental para recuperar la paz en las comunidades y garantizar condiciones de seguridad para los mexicanos.

Policía estatal. Foto EE:
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores urgió al gobierno federal fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública mediante el apoyo institucional de las policías estatales y municipales, el incremento de recursos para la seguridad y la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.
Mediante un punto de acuerdo, los senadores priistas pidieron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) remitan en un plazo no mayor a 15 días hábiles un informe documentado sobre el estado que guardan las capacidades institucionales de las policías estatales y municipales, incluyendo certificación, profesionalización, salarios, equipamiento, infraestructura, cobertura de vacantes y cumplimiento de estándares nacionales.
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La bancada senatorial del tricolor demandó del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y el SESNSP revisar y fortalecer los lineamientos, criterios y programas de apoyo orientados al desarrollo institucional de las policías locales, particularmente en materia de carrera policial, formación, control de confianza, equipamiento e interoperabilidad.
El llamado incluye que Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el SESNSP, informe sobre la suficiencia de los recursos federales destinados al fortalecimiento de instituciones de seguridad pública local durante el ejercicio fiscal 2026 y, en su caso, considere su fortalecimiento en el siguiente ciclo de programación y presupuestación.
Desde la perspectiva de los senadores del PRI, que coordina Manuel Añorve Baños, la violencia y presencia del crimen organizado continúan representando uno de los principales desafíos para el Estado mexicano por lo que resulta indispensable fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar la delincuencia.
"Si bien en los últimos años se ha recurrido a la participación de las fuerzas armadas como una medida extraordinaria para atender la crisis de seguridad, diversos especialistas, académicos y organismos internacionales han señalado la necesidad de consolidar instituciones civiles de seguridad pública, particularmente a nivel estatal y municipal", cita el punto de acuerdo.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refiere, han recomendado a los Estados fortalecer los cuerpos policiales civiles, profesionalizar sus funciones y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos en las labores de seguridad pública.
Las policías estatales y municipales representan el primer contacto con la ciudadanía y constituyen un elemento fundamental para la prevención del delito, la proximidad social y la construcción de comunidades seguras, precisa, y que la eficacia de estos cuerpos policiales es clave para generar confianza en la población y para atender de manera inmediata las problemáticas de seguridad en las comunidades.
"Sin embargo, en diversas entidades federativas y municipios del país las corporaciones policiales enfrentan limitaciones estructurales importantes, tales como insuficiente capacitación, bajos salarios, carencia de equipamiento adecuado, deficiencias en infraestructura, falta de certificación de sus elementos y debilidad institucional en los mecanismos de control interno y rendición de cuentas", consigna.
Y que desde la visión del PRI resulta necesario impulsar una política integral de seguridad pública que fortalezca las instituciones civiles, promueva la profesionalización policial, garantice recursos suficientes para las entidades federativas y municipios, y consolide mecanismos efectivos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
"Esta política debe basarse en una estrategia integral que combine la prevención del delito, el fortalecimiento institucional, la inteligencia policial, la investigación criminal y la cooperación intergubernamental, con el objetivo de recuperar la paz en las comunidades y garantizar condiciones de seguridad para todas y todos los mexicanos", concluye el documento.


