UNAM: la crisis ética

No es extraño que el asunto de los exámenes de admisión en la UNAM haya generado tanto revuelo en la vida pública. Para decenas de miles de jóvenes y sus familias, la UNAM y, por lo tanto, acceder a tener una profesión, es todavía, uno de los únicos mecanismos para cambiar la condición social. En el México de hoy, la UNAM, su gratuidad, sus opciones de vínculo internacional y su prestigio, son la única opción de cambiar de estatus social y de mejorar en la condición socioeconómica de miles.

Para conservar todas esas virtudes, para bien o para mal, la UNAM no puede aceptar a todos, ni indiscriminadamente. Tiene que platearse con seriedad, quien puede y debe entrar a sus aulas y tiene que encontrar los mejores mecanismos de gobierno colegiado, para que, en la medida de lo posible, haya imparcialidad, certeza, confianza y transparencia en la toma de decisiones; cosa en la que la actual administración ha sido muy cuidadosa.

El examen de ingreso, para los alumnos que no son parte del sistema UNAM desde la preparatoria (los de escuelas privadas o con el sistema SEP de educación), tienen que prepararse y enfrentar el reto. Para 1995, el asunto del examen ya era un tema espinoso. En ese año, se llegó al absurdo de que los exámenes se vendían en fotocopias masivamente, debido a las filtraciones y al negocio que miembros de la burocracia institucional habían instituido. Desde entonces, hacer del examen de ingreso una cosa transparente, cierta y confiable ha sido la divisa que caracterizó la administración de la UNAM. Tanto que desde 1996 había habido, cada año, un movimiento de los rechazados por la UNAM, hasta que recientemente eso se volvió un problema menor. 

El reclamo de los aspirantes de este año es, desde muchas perspectivas, un reclamo contraintuitivo. El reclamo no es producido por los rechazados, está producido por el numero anormal de aceptados. Es decir, que los que quieren y lograron pasar el examen de acceso, no se están peleando por los rechazados, sino porque hay algunos que entraron con trampas, contra los que si estudiaron y prepararon el examen.

El asunto visto desde cierta perspectiva tiene un lado y un mensaje interesante: los políticos y los empresarios pueden robar y engañar, pero en los exámenes de la UNAM, eso no está permitido, parecen decir los reclamantes.

Por lo tanto, el reto del rector Leonardo Lomelí (que, hasta hora, en sus tres años de rectorado parece haberlo hecho razonablemente bien) y de la comisión creada para evaluar y afrontar el asunto, es de gran complejidad. 

Obviamente, la empresa que proveyó el servicio fue rebasada a pesar de acreditar experiencia en instituciones similares. La UNAM, en realidad, está metida en un problema mayor: ¿cómo seguir siendo la institución confiable, transparente e intachable, en medio de la crisis social ética, jurídica, política e institucional en la que tiene que sobrevivir y trabajar dicha institución? Y ¿cómo asegurarles a los que pasaron con esfuerzo, que no entraran los tramposos (o la mayoría de ellos) que actúan como lo hace una buena parte del poder político y económico de nuestro país? 

La solución que se encuentre no está exenta de complicaciones. Espero que la comisión y el rector atinen a resolverlo en un país en el que el engaño, el fraude y la mentira son el pan nuestro de cada día. Nada más, pero nada menos, también.