No a riesgos en créditos fiscales: CSP

En días pasados quedó en el registro una infrecuente felicitación del Consejo Coordinador Empresarial, presidido por José Medina Mora a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En esta ocasión, parece una manifestación muy distinta a los elogios del pretérito reciente.

Todo indica que se trata de una expresión válida, de gratitud gremial, por la intención presidencial de eliminar una ley secundaria que pone en serios aprietos a los empresarios que dirimen créditos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino.

La Jefa del Ejecutivo escuchó a los empresarios y propuso por la vía legislativa, mediante una iniciativa de reforma, eliminar la intensa preocupación de los empresarios.

¿Qué fue lo que puso en tensión a los empresarios? ¿Por qué se sintieron en riesgo?

En pocas palabras, estaban a punto de estar en riesgo de liquidez y descapitalización; enfrentar elevados costos financieros; burocracia y carga probatoria; e incertidumbre en litigios y suspensiones.

Resulta que desde el 1 de enero de este año, por ley, los dueños de empresas, están obligados a cumplir con el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (CFF), que regula las garantías del interés fiscal (el derecho del SAT a asegurar el cobro de un crédito fiscal mientras se litiga, fracciona o difiere el pago).

Este artículo 141 establece un orden obligatorio de prelación para garantizar el interés fiscal.

Los señalados por el SAT tendrían que pagarle con depósitos, en el Banco del Bienestar, hasta el importe máximo de la capacidad económica del contribuyente, entre otras alternativas, todas, especialmente difíciles de cumplir, so riesgo de embargo.

Medina Mora y los agremiados al CCE le expusieron el tema a la presidenta Sheinbaum, y la mandataria decidió cambiar la ley.

De hecho el CCE le habría expuesto cinco temas de preocupación:

1.- Que el SAT devuelva los saldos a favor de IVA en 30 días,

2.- Que el SAT realice una sola auditoría por empresa

3.- Que cuando solicite información, en lugar de pedir el 100%, sea solo una muestra.

4.- Que todas las oficinas del SAT a nivel nacional utilicen el mismo criterio, y

5.- Que las empresas puedan garantizar un crédito fiscal con una fianza o con una carta de crédito.

Los primeros cuatro puntos, después de una reunión en enero, con el Jefe del SAT, se resolvieron.

Sólo faltaba que los empresarios pudieran garantizar los créditos fiscales con una fianza, una carta de crédito.

Esto podría quedar resuelto, una vez que se apruebe la iniciativa de ley que envió la presidenta Sheinbaum al poder legislativo.

Al principio –relata Medina Mora– en el SAT les decían a los empresarios que era difícil (atender sus preocupaciones) porque la ley decía que tenían que depositar en el Banco del Bienestar el total del crédito fiscal y ahí permanecería mientras el contribuyente lo impugnaba.

Podía ser por los años que pudieran transcurrir en la resolución del diferendo.

Luego del diálogo, la mandataria envió la iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y falta su aprobación en el Senado de la República.

En virtud de que se trata de una iniciativa prioritaria del Ejecutivo Federal y que Morena y sus aliados tienen mayoría calificada en ambas cámaras, se espera que el Senado la procese de forma acelerada.

Por eso, el CCE reconoce la atención presidencial y su disposición para resolver de raíz un tema que colocaba al empresariado en un escenario muy peligroso. Una vez que se apruebe la iniciativa, el gremio empresarial tendrá que ver si en los hechos, el SAT da cumplimiento a la ley modificada. Veremos.

Atisbos

***Se registra una controversia entre representantes del pueblo maya y un exitoso grupo empresarial turístico.

La manzana de la discordia es por el uso comercial, sin autorización suficiente, de elementos del patrimonio cultural indígena.

El pasado 26 de marzo de 2026 por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por mayoría de 7 votos contra 2, revocó una suspensión definitiva que favorecía a Grupo Xcaret encabezado por Miguel Quintana Pali y permitió reactivar las medidas precautorias dictadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) contra el uso comercial de elementos del patrimonio cultural maya.

El fallo marca un precedente sobre la prioridad de los derechos culturales colectivos frente a intereses económicos privados.

El litigio de fondo continúa, donde se resolverá si el uso fue indebido o no.

***Ricos y Poderosos volverá a publicarse el próximo lunes 06 de abril.