En la revisión del T-MEC, México debe avanzar sin prisa pero sin pausa

Hace poco más de un año, la administración Trump emprendió una campaña sostenida para trastocar las relaciones comerciales cooperativas existentes. Como parte de esta estrategia, impuso aranceles a socios comerciales de Europa, África y Asia con el fin de obtener condiciones más favorables. Con el proceso de revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que comenzó el 16 de marzo, sin embargo, el foco vuelve ahora a su entorno inmediato—y a la relación comercial bilateral más importante de Estados Unidos.

En cifras, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y viceversa. Además —en gran parte debido a su cercanía geográfica—buena parte del comercio entre ambos países consiste en componentes intermedios que cruzan la frontera múltiples veces dentro de complejas cadenas de suministro manufactureras. Es precisamente esta profunda integración, forjada a lo largo de más de tres décadas, la que da sustento a la fortaleza industrial de América del Norte.

La mecánica del acuerdo—y las opciones estratégicas de México

El proceso para revisar el T-MEC es claro. Si las tres partes no acuerdan renovarlo tras la revisión conjunta que debe iniciarse antes del 1 de julio, deberán reunirse anualmente durante los próximos diez años para resolver sus diferencias. De no lograrlo antes de 2036, el T-MEC terminará automáticamente.

Sin embargo, cualquiera de los tres países puede también poner fin a su participación con seis meses de aviso previo. Si bien el escenario de terminación es posible—y un artículo de Bloomberg del 11 de febrero sugiere que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contemplado tal medida— es altamente improbable. Después de todo, la terminación del acuerdo dañaría sectores clave como la industria automotriz estadounidense y perjudicaría bastiones republicanos como Texas, ambos grandes beneficiarios de la integración comercial con México. Además, generaría presiones adversas sobre el crecimiento y la inflación en un momento delicado para la economía estadounidense y el capital político de Trump. En este contexto, las insinuaciones de Trump parecen más una táctica de negociación que una amenaza creíble.

La principal prioridad del gobierno mexicano será estabilizar su relación económica con Washington. Este sería un objetivo importante en las mejores circunstancias, pero adquiere mayor relevancia dado que México enfrenta un crecimiento débil—por debajo del 1 por ciento en 2025—y una caída en la inversión. Al iniciar las discusiones formales con Estados Unidos sobre el futuro del T-MEC, el gobierno mexicano tiene tres opciones: una ideal, una aceptable mas no enteramente satisfactoria, y una inaceptable.

1. La opción ideal: México plantea demandas ambiciosas, principalmente relacionadas con el blindaje frente a aranceles, evita daños económicos significativos, y procura cerrar un acuerdo en el corto plazo.
2. La opción aceptable mas no satisfactoria: El gobierno mexicano simplemente espera, manteniendo el acuerdo actual vigente, sin certeza absoluta sobre su futuro ni blindaje frente a la amenaza de aranceles u otras formas de coerción económica o política. Este es el resultado más probable.
3. La opción inaceptable: México se apresura a aceptar condiciones que podrían comprometer su economía, particularmente al sector manufacturero, con la esperanza de obtener certidumbre para la inversión que quizás nunca llegue a materializarse.

El resultado ideal es factible y contribuiría a objetivos compartidos en materia de integración de cadenas de suministro en América del Norte. Una postura negociadora ambiciosa de México incluiría, ante todo, blindaje frente a los aranceles para los productos que cumplan con las reglas del T-MEC. Esto comprendería excepciones para los productos mexicanos respecto de los aranceles aplicados bajo la Sección 232 del Trade Act—que han golpeado duramente a las industrias mexicanas del acero, el aluminio y la automotriz—así como protección frente a los aranceles de la Sección 301. El acuerdo vigente no brinda certidumbre para la inversión porque no limita la capacidad del presidente de Estados Unidos de recurrir a estos instrumentos arancelarias adicionales.

Tales concesiones, por sí mismas, bastarían para alcanzar un acuerdo verdaderamente atractivo. Pero hay otras medidas que México podría impulsar y que beneficiarían a ambos países. En Estados Unidos existe un consenso bipartidista sobre la necesidad de reducir las vulnerabilidades económicas y de seguridad nacional derivadas de la concentración de la producción de semiconductores en Asia del Este. De hecho, Estados Unidos está intentando repatriar la manufactura avanzada de semiconductores, en particular a los estados fronterizos de Arizona y Texas. México podría desempeñar un papel más amplio en el ensamble, prueba y empaque (ATP por sus siglas en inglés), así como en el diseño de semiconductores.

Ambos países ya han profundizado su cooperación en este sector estratégico mediante una serie de foros bilaterales orientados a atraer inversión y fortalecer las cadenas de suministro regionales. Aun así, México debería presionar a Estados Unidos para que traduzca su retórica en esta materia en medidas concretas que le permitan ampliar su participación en la cadena de valor de los semiconductores. Dado que el financiamiento—tanto para el desarrollo de cadenas de suministro como para la formación de la fuerza laboral—ya está disponible a través del Fondo Internacional de Seguridad e Innovación Tecnológica (ITSI, por sus siglas en inglés) bajo la CHIPS and Science Act, México no debería limitarse a buscar acceso, sino negociar un trato preferencial como socio central en la estrategia estadounidense de semiconductores.

Un enfoque similar podría orientar la estrategia de México en materia de minerales críticos. Aprovechando el recientemente anunciado Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, México debería procurar acceso preferencial a los incentivos y al financiamiento estadounidenses, al tiempo que contribuye a establecer marcos compartidos de América del Norte en materia de abastecimiento y trazabilidad. El plan debe entenderse como un reconocimiento por parte de Estados Unidos de que necesita a México para alcanzar sus metas geopolíticas en materia de cadenas de suministro de minerales críticos. En lugar de conformarse con la mera coordinación, México debería aspirar a una integración más profunda.

De manera más general, un objetivo central del Plan México es impulsar el desarrollo económico produciendo localmente —en lugar de importar, principalmente desde Asia— una mayor proporción del contenido de alto valor agregado en los productos manufacturados. El gobierno de Estados Unidos, idealmente, recibiría con agrado propuestas para expandir la inversión en México en tecnología y otros sectores de alto valor agregado que complementen, en lugar de competir con, la manufactura estadounidense. Estas medidas fortalecerían la resiliencia de las cadenas de suministro en industrias sensibles, al tiempo que ayudarían a México a escalar en la cadena de valor.

Por qué México no debe apresurarse a cerrar un acuerdo

Si el gobierno mexicano no logra alcanzar estos u otros objetivos ambiciosos, no debería precipitarse a cerrar un acuerdo que cause un daño real a la economía mexicana. Además de rechazar firmemente los aranceles de las Secciones 232 y 301 sobre productos que cumplen con las reglas del T-MEC, el gobierno debería proceder con cautela al implementar aranceles contra China.

Las preocupaciones por la política industrial de China son legítimas, algunos aranceles focalizados pueden ser apropiados, y un objetivo del Plan México es precisamente reducir la dependencia de importaciones de insumos manufactureros. Sin embargo, México no puede ignorar que aproximadamente el 20 por ciento de sus importaciones—muchas de las cuales son insumos manufactureros—provienen de China. Por lo tanto, introducir aranceles generalizados simplemente dispararía la inflación y erosionaría la competitividad exportadora. Es más, debido a las obligaciones de nación más favorecida de la OMC, dichos aranceles tendrían que extenderse a todos los socios sin acuerdo comercial preferencial. Dado que entre estos figuran socios comerciales clave y fuentes importantes de inversión extranjera directa como Corea del Sur y Taiwán, los costos económicos se amplificarían considerablemente.

Para México, el objetivo no puede ser simplemente asegurar cualquier acuerdo cualquier precio. Tampoco debería conformarse con un mal acuerdo, aunque éste ofrezca aranceles preferenciales en comparación con sus principales competidores. Al fin y al cabo, el statu quo—que consiste precisamente en esperar—probablemente mantendría esas tarifas preferenciales.

Esperar conlleva riesgos, y no es el resultado óptimo para ninguno de los dos países, pero si México considera que la actual volatilidad en la política arancelaria estadounidense es exclusiva de la segunda administración Trump, la espera podría representar una opción más atractiva. Con dos años y medio por delante hasta las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, es difícil vislumbrar más allá del statu quo, pero en algún momento en el futuro cercano, las contrapartes de todo el mundo pueden decidir que hay luz al final del túnel—y el atractivo relativo de ceder ante las costosas demandas de la administración Trump probablemente disminuirá. Dado que los aranceles de Trump son muy impopulares y están –junto a la guerra con Irán— reavivando divisiones ideológicas en un partido que históricamente ha defendido el libre comercio, es muy plausible --y quizás probable-- que un sucesor republicano abandone sus políticas comerciales. Asumiendo, para simplificar, una probabilidad del 50 por ciento de ese escenario y una probabilidad del 50 por ciento de una victoria demócrata en 2028, las probabilidades de un entorno de políticas más favorable para México en 2029 ascienden al 75 por ciento.

Un acuerdo donde ambas partes ganen es factible, y México debería trabajar hacia ese resultado. Debería buscar blindarse frente a los aranceles, fortalecer la integración de las cadenas de suministro e incidir en las estrategias de América del Norte de semiconductores y minerales críticos. Si tal resultado no es posible, esperar y mantener el acuerdo vigente es un resultado aceptable. Precipitarse a cerrar un mal acuerdo para extender el T-MEC podría dañar la economía sin atacar las principales fuentes de incertidumbre que han perjudicado a México a la fecha. La decisión conlleva consecuencias enormes para la trayectoria de desarrollo del país en los años por venir. Si el gobierno sacrifica la salud de la economía a largo plazo en aras de obtener certidumbre comercial, podría quedarse sin ninguna de las dos.

Este artículo fue publicado originalmente en Atlantic Council, puedes leerlo aquí.

*Ernesto Stein es Director del Centro de Política Comercial y Cadenas Globales de Valor de América del Norte. BBVA-Tecnológico de Monterrey.

*Phil Lovegren es Director de estrategia y asuntos regulatorios en Mifel.