A registrar las líneas, con el usuario o sin él

En las últimas semanas, se multiplicaron las quejas públicas de usuarios de servicios móviles, cuyas líneas fueron inscritas en el registro celular por las compañías telefónicas, sin su consentimiento expreso. Se trata de usuarios de pospago que previamente proporcionaron sus datos a las concesionarias, y éstas llevaron a cabo la vinculación de la línea ante la CRT de manera directa.

La verdad es que la queja es válida, pero francamente estaba mal dirigida. La obligación de vincular toda línea a su titular fue impuesta por el Congreso desde la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y después instrumentada y ejecutada por la CRT, cuando publicó los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles. Las compañías telefónicas no son más que el intermediario que el oficialismo eligió para hacer el trabajo sucio de implementar una medida ineficaz y desproporcionada, con el supuesto objetivo de combatir la extorsión. Aunque la CRT ha intentado trasladar la responsabilidad de la ejecución de esta medida a las concesionarias, su origen y mala planeación es responsabilidad del Gobierno, y los usuarios molestos tendrían que dirigir sus reclamos a éste.

Pues bien, a principios de esta semana, la CRT publicó en su portal en línea, dos resoluciones aprobadas por unanimidad de su Pleno, en las que avaló la posibilidad de que las compañías telefónicas vinculen las líneas de usuarios, utilizando datos previamente proporcionados por estos, ya sea porque sus servicios se contrataron en modalidad pospago, o porque habían contratado previamente servicios distintos a la telefonía móvil, para lo cual proporcionaron los datos. Se trata de las resoluciones P/CRT/ORD/21052026/082 y P/CRT/ORD/21052026/083 que se emitieron en respuesta a las solicitudes de confirmación de criterio de interpretación que presentaron Pegaso PCS, S.A. de C.V., Televisión Internacional, S.A. de C.V., México Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. y Operbes, S.A. de C.V.

Las compañías, preocupadas por el cumplimiento de una regulación de ejecución utópica, presentaron desde febrero de este año sendas solicitudes de interpretación legal a la CRT, para corroborar si podían utilizar los datos proporcionados previamente por los usuarios, para llevar a cabo la vinculación de líneas de pospago, o asociadas a otros servicios precontratados. En un inicio, la Dirección General de Política Regulatoria (DGPR) de la CRT titubeó. Emitió dos opiniones técnicas en febrero en las que consideró que cuando los concesionarios contaran previamente con los datos del titular de la línea “debe quedar bajo estricta responsabilidad” del concesionario, dar cumplimiento a todas las disposiciones previstas en los Lineamientos. Ante la duda, mejor eludir responsabilidad.

A principios de abril, la misma DGPR emitió dos oficios en alcance a su opinión inicial, en los que concluyó que “resulta innecesario que el Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil solicite nuevamente la información que ya obra en su poder”. Supongo que el reloj regresivo fue aumentando la presión en la CRT. Ante las bajas cifras del registro celular, hubo que apretar las tuercas. A registrar las líneas, con el usuario o sin él. Ni siquiera importó que la CRT no tenga facultades para interpretar la regulación en materia de datos personales.

Más allá de su inconstitucionalidad, el principal problema que enfrenta el Gobierno con el registro celular, es la desconfianza de la sociedad en el propio Gobierno. No es para menos. El registro se impuso sin acreditar su eficacia, sin escuchar realmente a los concesionarios y expertos y, lo que es peor, sin precisar la forma en que se utilizaría para combatir la extorsión. La CRT ha identificado esta desconfianza, lo que se observa en sus propias campañas de difusión, pero en su intento por dar certeza, provoca más incertidumbre. Por un lado asegura que el Gobierno no accederá a la información, pero al mismo tiempo reconoce que sí lo hará con la orden de una autoridad judicial. En un Estado cuyos poderes son controlados por un mismo grupo político, esta precisión no tranquiliza a nadie.