Cifras que no cuadran, política que no llega

Considero que hay dos documentos publicados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en los últimos meses que deberían leerse en conjunto. Aparte de proveer la perspectiva que las autoridades tienen del ecosistema de telecomunicaciones del país, también evidencian la tensión que define la agenda regulatoria de México para 2026: el mercado de telecomunicaciones todavía genera cifras que impresionan en lo macro, pero como el diablo está en los detalles, una lectura más fina detecta una realidad perturbadora. El sector móvil se contrae y las autoridades del sector insisten en presentar datos que no resisten un escrutinio básico.

El Reporte del Tercer Trimestre de 2025, publicado por la CRT, indica que hay 144,585,131 líneas activas de telefonía móvil. El dato resulta elocuente no por lo que dice, sino por lo que calla. Según el documento “Datos Oportunos del Sector de Telecomunicaciones a diciembre de 2024”, publicado por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a finales de 2024 el país contaba con 152.435.686 líneas móviles. Asimismo, según la consultora The CIU, con base en datos de los operadores móviles del mercado, México cerró 2025 con 161.7 millones de líneas móviles.

Mientras las cifras heredadas del IFT sugieren un mercado más amplio, la CRT reporta una contracción importante: en nueve meses se pierden 8 millones de líneas y, si se considerasen las cifras de The CIU, en tres meses se adicionan 17 millones de líneas. La falta de informes actualizados del 4T2025 y del 1T2026 por parte de la CRT no ayuda a esclarecer esta anarquía matemática. La publicación de estas cifras por parte de la CRT, junto con una explicación clara de cualquier diferencia metodológica respecto de las utilizadas por el IFT, serviría para despejar dudas y elevar la confianza en las cifras del regulador. Sobre todo, resulta indispensable aclarar si las diferencias obedecen a criterios metodológicos o a una contracción efectiva del mercado.

Lo anterior tampoco es una sorpresa: hay ejemplos bastante claros, como la salida progresiva de Telefónica y las dificultades estructurales de AT&T para consolidar su posición, que indican que el modelo vigente de costos de espectro y cargas regulatorias ahuyenta la inversión. Como se ha documentado en cientos de artículos, conferencias, estudios y editoriales, el precio del espectro radioeléctrico destinado a servicios móviles en México es excesivo. El acercamiento recaudatorio siempre ha estado presente; aunque no es una idea de la administración de la presidenta Sheinbaum, esta no ha aprovechado la oportunidad para cambiarlo. El resultado ya es ampliamente conocido: un impacto negativo en la capacidad de los operadores para ampliar su cobertura y reducir los precios para el usuario final.

Claro que sí, se han hecho propuestas para aliviar la carga financiera de las empresas interesadas en adquirir concesiones de espectro a precios más asequibles. No obstante, hasta el momento, la explicación de esta fórmula indica un esfuerzo altamente discrecional, a menos que se aclare con una metodología clara que defina condiciones de elegibilidad lo suficientemente amplias como para que más de un interesado pueda ver la posibilidad de ser beneficiado. Hasta entonces, lo prometido se reduce a aquellas empresas que el Estado decida beneficiar.

Pero el dato más revelador de la semana no proviene del reporte trimestral sino de una noticia publicada el 13 de mayo de 2026 en El Economista. La CRT anunció que su padrón de telefonía registraba 48 millones de líneas. Esta cifra no sorprendió al mercado, aunque motivó una corrección periodística al día siguiente. El problema es que, desde mi perspectiva, esa corrección se hizo mal.

La CRT afirmó haber registrado ese universo de usuarios. El periodista intentó contextualizar la cifra señalando que implicaría haber incorporado usuarios a un ritmo extraordinario desde el inicio del proceso de registro. Pero la corrección no cuantificó adecuadamente la imposibilidad matemática que subyace al número. Según cifras de la CRT al 3T2025, México cuenta con apenas 144 millones de líneas activas (menos que a finales de 2024 según el IFT y menos que a finales de 2025 según datos de The CIU). Asimismo, se otorga inmovilidad a este número durante casi ocho meses. De forma implícita, se trabaja con un universo prácticamente estático de líneas entre octubre de 2025 y la primera mitad de mayo de 2026.

Obviamente, una cifra menor de líneas móviles (17 millones, exactamente si se considera el dato de The CIU) hace que el porcentaje de líneas registradas sea mayor para el gobierno y la tarea de registrar líneas sea más asequible. De todas formas, si el objetivo es registrar 96 millones de líneas restantes (se utilizan como base los 144 millones de líneas reportadas por CRT) al 30 de junio de 2026, esto equivaldría a registrar poco más de 2 millones de líneas diarias hasta ese día. Ningún sistema de registro en el mundo, y menos uno recién implementado, opera a esa velocidad sostenida. La cifra, tal como fue presentada, no resiste la aritmética elemental. Realmente no se entiende el intento de corregir al periodista, aunque deseo pensar que se hizo con buenas intenciones.

El padrón de usuarios de telefonía móvil es, en sí mismo, un tema recurrente en México. Esta ya es la tercera propuesta formal para construir ese registro, y las versiones anteriores fracasaron precisamente por la combinación de una ambición declarada y una implementación deficiente. La historia se repite.

Este episodio no es un accidente. Es consistente con un patrón que he documentado en distintos frentes de la política de TIC mexicana durante el último año. El Plan Nacional de Ciberseguridad, presentado por la ATDT en diciembre de 2025, carece de un esquema financiero claro, de proyecciones plurianuales y de mecanismos de monitoreo que trasciendan los ciclos políticos. El Plan Nacional de Conectividad 2026–2030, publicado con retraso respecto de los compromisos asumidos al inicio del sexenio, contiene metas aspiracionales sin una línea de base sólida ni un presupuesto vinculante.

La agenda de espectro de la CRT para 2026, con tres licitaciones contempladas en bandas de frecuencia para redes industriales, microondas y banda ancha móvil, es, en principio, una respuesta apropiada al diagnóstico. Las mesas de diálogo celebradas entre enero y marzo en ocho ciudades representan una apertura metodológica que merece reconocimiento: el regulador parte de la demanda y no de la oferta histórica. Los descuentos de hasta el 50% en el pago de derechos para operadores que amplíen la cobertura y la posibilidad de exención para pequeños operadores son instrumentos bien orientados. Precisamente por eso resulta frustrante que medidas técnicamente razonables estén acompañadas de una ejecución institucional tan débil.

El problema no está en el diseño del menú; es la credibilidad. Un regulador que publica cifras de padrón que no resisten el escrutinio básico, que opera en un entorno donde los documentos de política llegan con retraso sistémico y donde las metas anteriores de conectividad, alcanzar la cobertura universal, reducir precios y acelerar el 5G quedaron incumplidas, no genera por sí solo la certidumbre regulatoria que los operadores necesitan para comprometer inversiones de largo plazo.

La licitación de la banda de 3.5 GHz para redes industriales, la de microondas en 10.5 GHz y 38 GHz para pequeños operadores rurales, y la de las bandas bajas y medias para banda ancha móvil son todas decisiones correctas en la dirección correcta. Pero su efecto real dependerá de si las bases de licitación que resulten de las mesas de diálogo son técnicamente sólidas, si los plazos se cumplen, y si el proceso licitatorio mismo no se convierte en otro documento bienintencionado que llega tarde y sin certidumbre de ejecución.

México cierra un trimestre más con un sector de telecomunicaciones que factura mucho, cubre poco, concentra demasiado y planifica con metas que difícilmente se cumplirán si no se modifican las condiciones estructurales del mercado. La CRT tiene herramientas. La ATDT tiene planes. La prioridad no debería ser corregir interpretaciones periodísticas, sino explicar las inconsistencias básicas en las cifras oficiales. Asimismo, el patrón de retrasos en la publicación de políticas públicas es un síntoma de algo más profundo. Todo indica que estamos ante una institucionalidad digital que aún no ha logrado coherencia entre lo que declara y lo que ejecuta.