Durante el foro Conacyt-IPN: Iniciativa de Ley General en Materia de HCTI, por primera vez el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hizo alusión a la serie de críticas y cuestionamientos públicos que se han hecho por parte de distintas instituciones y muchas otras a título propio sobre la propuesta de Ley proveniente del Ejecutivo federal.
Raymundo Espinoza Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt fue el encargado de responder sobre “los temas de debate que se han detectado en el ambiente" y que han generado dudas por parte de la comunidad científica.
Como ya es costumbre en esta administración, se hizo una dura crítica a todo lo realizado anteriormente en materia de CTI para luego asegurar que ha habido una “campaña de desinformación" sobre lo que hace el Conacyt en general, los “logros y avances de esta administración". Dijo que “revisar una Ley no es sencillo y menos si uno no tiene la formación de abogado", por eso presentaría la estructura de la iniciativa. Además, dijo que para él las dudas que se han presentado son mitos (mentiras) y controversias, pero que las tomaría como interrogantes.
Para ello Espinoza Hernández y su equipo detectaron 15 puntos que han tenido mucha presencia en medios y que “pretenden cuestionar la iniciativa".Dijo que la “campaña de desinformación" tiene tres fuentes distintas y acusó a quienes se han manifestado públicamente, de no haber leído la iniciativa. “Nos encontramos con que se emiten juicios cuando no se ha leído la iniciativa o no se ha logrado comprender", pues esta propuesta de Ley contiene 90 artículos más los transitorios. Dio ejemplos y cuestionó al diputado Juan Carlos Romero Hicks, al investigador Tonatiuh Guillén López, o Mario Patrón.
También señaló que para ellos hay información sesgada y que se toman por buenas opiniones que “carecen de fundamento". En este caso señaló al investigador Alberto Aziz Nassif, o a la periodista Verónica Malo. Agrega que se “emiten juicios negativos a priori o por consigna y con el propósito de generar rechazo en la comunidad". Aquí señaló a los investigadores que conforman el colectivo Red ProcienciaMx, y establece que no tienen argumentos, ni pretensión de verdad, asegura que quieren “golpear y desacreditar el trabajo y esfuerzo".
Espinoza Hernández dijo que la iniciativa fue consultada por alrededor de 70,000 personas, esto a pesar de que diversas organizaciones han denunciado que se les pidió su opinión, pero esta no fue tomada en la iniciativa de Ley. Otros de los señalados son Brenda Valderrama, David Romero y José Ramón Cossío Díaz, “lo que dice el ex ministro es una mera falacia, un argumento de autoridad que no se sostiene".
Dijo que todos estos dichos que aparecen en el espacio público justifican la necesidad de acercarnos de manera “directa y personal a la lectura del instrumento". Y dio paso, por primera vez desde que fue presentada la iniciativa en el mes de diciembre, a una explicación pública, aunque vía remota, de lo que contiene la Ley.
Conacyt y su propuesta de Ley
El representante de asuntos jurídicos explica que la iniciativa tiene seis títulos que se refieren a cuestiones sustantivas en relación a los fines y objetivos de la política pública en materia de HCTI y también contemplan aspectos que en materia jurídica se conocen como orgánicos. El título primero respecto al derecho humano a la ciencia, luego la política pública, el Sistema Nacional y las bases de coordinación, el fomento y financiamiento público, y la parte orgánica del Consejo Nacional y el Sistema Nacional de Centros Públicos.
Aseguró que tanto la Ley orgánica, como la Ley vigente de CTI, no contempla ni se construyó pensando en el derecho humano a la ciencia, por lo que con “esas carencias" en esta administración se ha hecho un esfuerzo para tomar en cuenta los derechos humanos y lo cataloga como una de las innovaciones más importantes de esta nueva propuesta. Dijo que en esta versión se está pensando a la ciencia y desarrollos tecnológicos como derechos y bienes comunes, no como mercancías, bajo esa lógica asegura que se trata de “poner un orden donde ya no había un orden y que el Estado tome las riendas de esta política", aunque justamente este ha sido uno de los puntos más criticados, pues se dice que se elimina la opinión de los científicos y organizaciones para la toma de decisiones.
Agrega que ahora sí se toma en serio al PECITI “lo que hicimos fue ponerle un nombre y llamarlo agenda nacional. Nosotros lo precisamos, lo reforzamos y establecimos un procedimiento que no está en la legislación". Dijo que “esto es un plus democrático porque supone que la construcción de la agenda sea bajo condiciones que garanticen la participación de la comunidad". Nuevamente una parte muy criticada pues de acuerdo con los especialistas que han emitido su opinión, la agenda nacional está sesgada al criterio del gobierno en turno, no de desde las necesidades que se perciben desde las instituciones.
Posteriormente hizo hincapié en los Fomix (Fondos Mixtos) y la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología “los gobiernos locales, estas personas que tenían bajo su control la agenda, la cartera de CTI negociaban con la federación para bajar recurso con proyectos que en muchas ocasiones no tenían nada que ver… Era un espacio que no permitía una articulación virtuosa, era un espacio de grilla política y presión". Por eso dijo que la propuesta elimina estas figuras, pero hay otras no basadas en fondos regionales, sino en la necesidad de proyectos prioritarios en las regiones, donde nuevamente la batuta, la lleva el Conacyt.
Por último, se mencionaron las facultades que tendrá el nuevo Conacyt y la directriz de la política nacional, además de la rectoría que asume. Dijo que todo esto ya aparece en la Ley orgánica vigente, que dicho sea de paso ha sido modificada constantemente en esta administración, además del estatuto orgánico.
Hoy la Ley orgánica está separada de la Ley general, de acuerdo con Espinoza Hernández la propuesta es tener una sola Ley, “aprovechar que tenemos la obligación de generar esta Ley para ahí también contemplar los aspectos orgánicos del Conacyt y no tener dos instrumentos separados".
Para ellos la ampliación de autoridades con la participación de las diferentes secretarías en la junta de gobierno es fortalecer al sector y hace hincapié en que el Foro Consultivo debe ser un órgano interno que sería la “participación de la comunidad de manera directa y no a través de representantes". Por otro lado, están ordenando la función de los centros públicos en la propia iniciativa de Ley, “algo que no había sucedido en anteriores administraciones".
