Para impulsar la economía basada en tecnologías de la información, México necesita armonizar sus marcos jurídicos estatales que permitan crear sinergias entre las políticas públicas para impulsar el comercio electrónico, el gobierno digital y la seguridad de la información, de acuerdo con los resultados del Proyecto de Homologación Normativa en Estados y Municipios en materia de Tecnologías de la Información.

En el estudio, coordinado por Asociación Mexicana de Internet (Amipci), la Secretaría de Economía con recursos del Banco Mundial, se analizaron 14,912 ordenamientos de las 32 entidades federativas y municipios, de las que sólo 38% tienen alguna referencia al entorno digital.

Pero esta presencia se reduce aún más ante la falta de armonía entre las legislaciones locales, términos como programa informático , software, facturación electrónica, delitos cibernéticos y la desactualización de los textos legales debido al rápido avance tecnológico, frenan la innovación y genera un clima de incertidumbre jurídica en la esfera digital, explicó Carlos Ponce, director de CGMPS Consultores, despacho responsable de la elaboración del estudio.

Las agendas digitales no existen en el marco jurídico mexicano. El concepto de agenda como un instrumento vinculante no está reconocido en las leyes de planeación y deberían tener este reconocimiento , consideró Ponce.

Entrevistado durante la presentación de los resultados, el especialista recomendó la creación de políticas públicas enfocadas exclusivamente al desarrollo tecnológico, en lugar de subordinarlas a otros planes de desarrollo. Agregó que Jalisco, Nuevo León, Colima y el Distrito Federal son los que tienen un mayor avance en normatividad y políticas públicas de TI.

Aunque no es el único factor que influye en el crecimiento de la economía digital, la armonización de normativas representa el primer paso para lograr, por ejemplo, que el valor del comercio electrónico supere los 100,000 millones de pesos y el desarrollo de grandes empresas mexicanas de base tecnológica, consideró Manuel Tamez, presidente de la Amipci.

Con el impulso de la capacitación en materia de normatividad tecnológica con cursos en línea y presenciales, se busca avanzar en esta armonización legal, agregó Claudia Ivette García Romero, directora general de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía.

Desde el 2008 hasta ahora se han ejercido 20 millones de pesos provenientes del Banco Mundial para las distintas iniciativas, entre las que se encuentra la creación de la Maestría en Derecho Informático y el otorgamiento de becas para la primera generación que iniciará cursos en otoño.

CONFÍAN EN CUMPLIR OBJETIVOS

Entrevistada al término de la presentación ante prensa de los resultados, Claudia Ivette García Romero confió en que el Proyecto de Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) cumplirá el objetivo de que el sector TI logre una participación del 2.3% en el Producto Interno Bruto para el 2013, desde el 1.7% que ostenta actualmente.

Pero advirtió que se deberán avanzar en la definición de objetivos en las políticas públicas del sector, por lo que en octubre se reunirá el Consejo Consultivo Internacional para definir el camino y los objetivos del Prosoft, financiado por el Banco Mundial, para el periodo 2013-2023.

Este Consejo se compone de un grupo de expertos de perfil internacional y con un amplia experiencia en materia de TI, que emite recomendaciones para consolidar este sector en México.

julio.sanchez@eleconomista.mx

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