Barcelona.- Europa se encuentra frente a una difícil ecuación por resolver. Por un lado, tiene la necesidad de mejorar sus capacidades y coordinación en materia de inteligencia y seguridad, ante la creciente amenaza terrorista que ya ha cobrado casi 200 vidas en una serie de tiroteos y ataques suicidas en París (2015) y Bruselas (2016) adjudicados al autodenominado grupo yihadista Estado Islámico.

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Por otro lado está la exigencia, tanto de ciudadanos, activistas y líderes políticos, de controlar y transparentar las actividades de espionaje que realizan las agencias de inteligencia luego de reconocer que las prácticas de vigilancia masiva e indiscriminada vulneran los derechos fundamentales de la población.

La violación de los derechos ciudadanos fue evidenciada hace tres años, cuando iniciaron las revelaciones de Edward Snowden, ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por su sigla en inglés) sobre el espionaje masivo que este país realiza a los ciudadanos de todo el mundo, incluyendo diplomáticos y mandatarios. Estas prácticas, ejecutadas bajo el argumento de garantizar la seguridad nacional, fueron condenadas globalmente, incluyendo el Parlamento Europeo.

En el 2014, el Parlamento solicitó a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, por su sigla en inglés), un análisis sobre los marcos legales y mecanismos de control sobre las actividades de vigilancia de las agencias de inteligencia europeas.

El primer reporte fue entregado a inicios del 2016 al Parlamento Europeo. Éste confirmó que existe poca claridad sobre las actividades de espionaje en los marcos legales de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea, aseguró Blanca Tapia, portavoz de la FRA en entrevista vía telefónica concedida a El Economista desde Viena, Austria.

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La agencia advierte sobre los riesgos potenciales que la vigilancia indiscriminada de las comunicaciones representa para los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo la privacidad y la libertad de expresión y de asociación. Y si bien reconoce que la seguridad es una prioridad, ésta no debe conseguirse a costa del sacrificio de las libertades de los ciudadanos.

¿Cuáles fueron los principales resultados de la investigación?

La mayoría de los países de la Unión Europea no tiene leyes claras y accesibles sobre el trabajo que realizan los servicios de inteligencia. Existen sólo cinco países que tienen una legislación que es accesible, que establecen y explican cómo funcionan los servicios de inteligencia. Estos países son Reino Unido, Alemania, Suecia, Los Países Bajos y Francia.

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Falta un enorme número de agencias nacionales o instituciones que tengan competencias suficientes para controlar el trabajo de los servicios de inteligencia, que actúan en un ámbito muy oscuro. No está claro qué hacen, no hay quién controle o supervise si están haciendo su trabajo según establece la Ley.

Al faltar ese control público transparente, los ciudadanos que podrían verse afectados por el espionaje, por la retención de sus datos personales, tienen muy pocas posibilidades para pedir una reclamación, para poder entender y reconocer en qué momento, dónde, y por qué se están recabando y accediendo a sus datos personales. Al mismo tiempo, tienen pocas posibilidades de pedir una compensación en caso de que se estén utilizando de forma alegal porque no hay leyes que controlen esto.

¿Se está realizando vigilancia sin control, de forma indiscriminada?

Eso no lo podemos afirmar en nuestro estudio. Lo que podemos decir es que no hay un marco legal claro y accesible que explique a los ciudadanos qué es lo que están haciendo estos servicios de inteligencia.

¿Cómo afecta la vigilancia masiva a los derechos fundamentales?

El tema es la falta de conocimiento de los ciudadanos, de que están siendo investigados. No saben qué datos están recopilando, no saben si sus mensajes de Whatsapp están siendo guardados y por quién, durante cuánto tiempo y si están siendo analizados; no saben si sus llamadas telefónicas están siendo grabadas; si sus correos electrónicos están son interceptados. En Europa hay leyes muy claras que requieren que, para acceder a información privada, como es la correspondencia de una persona, se necesitan órdenes judiciales y un proceso. Pero hoy ya no se envían cartas sino emails o un Whatsapp. ¿Hay una orden judicial para la recopilación de esta información? No se sabe.

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La vigilancia masiva está afectando derechos fundamentales de la persona como es el derecho a la privacidad, su vida familiar, pues sus datos, de pronto, están en manos de servicios de inteligencia para su trabajo de salvaguardar el interés de la defensa nacional.

¿Cómo ha impactado a derechos como libertad de expresión o asociación?

Periodistas o miembros de organizaciones civiles, en el momento de organizar manifestaciones, vemos que se están comunicando con nuevas tecnologías, a través de Whatsapp, de correos electrónicos. ¿Hasta qué punto puede verse afectado? Los servicios de inteligencia conocen que se va a realizar una manifestación en cierto momento, y una persona está siendo seguida por realizar y querer formar una manifestación u organizarla. Como ya se sabe con antelación, (los Estados) pueden tomar medidas sin que la persona tenga información sobre esto. La libertad de expresión, cuando todo lo que está diciendo está siendo vigilando, se lleva a cabo una autocensura por lo que se está limitando este derecho.

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Los periodistas tienen derecho a no revelar sus fuentes de información. Si se sabe que van a ser reveladas porque sus comunicaciones están siendo vigiladas o intervenidas, las fuentes no quieren proporcionar información que debe ser conocida públicamente pues se sienten vigilados.

Después de Snowden, ¿hubo algún un cambio en torno a la vigilancia masiva?

Las revelaciones de Snowden desde luego sirvieron para sacar a la luz una realidad que era muy desconocida y no se hablaba de ella en los medios de comunicación. Sirvieron para que fueran discutidas y comentadas mucho por la opinión pública y se supiera sobre esto. La reacción primera fue pedir más transparencia a los servicios de inteligencia, y desde el punto de vista del Parlamento Europeo fue la petición a mi Agencia para que hiciéramos un estudio para saber qué marco legislativo existe y qué marcos legislativos están moviendo estos servicios de inteligencia, qué medidas hay para que los ciudadanos inocentes que se vean afectados cuando sus datos caen en malas manos, cuando son mal entendidos o confundidos con otras personas.

Tras Snowden también vinieron los atentados de Charlie Hebdo y los sucesivos atentados terroristas en París y Europa, y todo esto lo que hizo fue pedir más seguridad.

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Estamos en esta difícil ecuación en la que es complicado mirar detenidamente los trabajos de los servicios de inteligencia y la vigilancia masiva, pero al mismo que se realice salvaguardando los derechos fundamentales. En determinados parlamentos como el alemán o el belga se han creado las condiciones parlamentarias cuya finalidad es averiguar cómo los servicios de inteligencia están realizando su trabajo, qué datos se están recopilando, dónde se están guardando los datos, durante cuánto tiempo, qué salvaguardas se han establecido, y qué garantías hay de ellos.

Snowden puso foco en la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales; pero al mismo tiempo, los recientes sucesos en Europa han ocasionado que países pidan que los servicios de inteligencia funcionen mejor, porque ahora mismo hay asuntos de seguridad por resolver.

¿Qué recomendaciones harían en materia legislativa?

Que existan medidas que se pongan sobre el papel en la mayoría de los países europeos, cosa que ahora mismo no sucede con claridad y transparencia: cuál es el funcionamiento de los servicios de inteligencia, qué tipos de datos recopilan y qué se hace con esos datos; y establecer que haya garantías para que los servicios de inteligencia sean responsables del uso, la determinación y el fin que se da a los datos para que no caigan en manos indeseables.

Es importante fortalecer el trabajo de órganos especializados que puedan analizar cómo se están utilizando estos datos para asegurarse que lo que se está recopilando es para un fin superior, pero que lo puedan comprobar, que tengan un jefe que vea si están haciendo su trabajo bien.

Se puede hacer que los organismos judiciales hagan una revisión del trabajo y medidas de inteligencia antes de aplicarse.

¿Hay disposición de los Estados para ejecutar las recomendaciones?

Los Estados están volviendo a revisar la legislación que gobierna el trabajo de los servicios de inteligencia. Los países están volviendo a mirar cómo se están recopilando estos datos, por ejemplo, en Inglaterra, un Comité de Seguridad e inteligencia llegó a la conclusión que su marco legal necesita una serie de reformas; esto fue el año pasado y entraron con una nueva ley al respecto.

En los Países Bajos exactamente igual; en Austria también se propuso una legislación para reformar las capacidades de los servicios de inteligencia; la República Checa; la Corte Constitucional de Francia y Portugal también están revisando las leyes de cómo funcionan los servicios de inteligencia.

Hay bastantes países que lo están mirando pero desgraciadamente sigue siendo una minoría. La gran mayoría siguen sin tener estas leyes claras que digan cómo funcionan sus servicios de inteligencia.

¿Qué recomendaciones darían a los ciudadanos para que protejan estos derechos?

Al no haber legislaciones claras que regulen el funcionamiento de servicios de inteligencia, lo más inteligente por parte del ciudadano es utilizar aquellos métodos legales que existen para salvaguardar sus datos, sea por vías de encriptaciones telemáticas o cualquier otro método que se haya obtenido de forma legal, y dentro de la legalidad, el ciudadano puede utilizar los medios que existen para encriptar sus comunicaciones, puede bloquear que se sepa cuál es su dirección IP.

Existe una serie de cosas que el ciudadano puede hacer como navegar por internet vía incógnito. Hay posibilidades para proteger al ciudadano, para no proporcionar tantos datos personales, que no están de acuerdo que caigan en manos de terceros, perdiendo el control sobre ellos.

¿Realizarán otro análisis de vigilancia masiva? ¿En qué sentido?

Vamos a investigar qué garantías tienen los derechos fundamentales en las leyes, si respetan la vida privada y familiar, y la protección de los datos. En este momento lo que estamos haciendo es mirar el papel que desempeñan los agentes del Estado; estamos analizando cuáles son las instituciones estatales encargadas de la defensa de estos derechos; el rol que juegan los representantes de los comités parlamentarios; el papel y la capacidad que tienen, por ejemplo, los órganos de expertos, las agencias de protección de datos en los países que las hay. Lo estamos mirando desde la ley que existe, y en la práctica, cómo se están realizan estos controles de los servicios de inteligencia.

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Lo estamos viendo en siete países de la Unión Europea: los cinco países que ya tienen legislación clara y accesible a ella (Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia), y también en Bélgica e Italia, haciendo entrevistas con miembros de los servicios de inteligencia, de los comités parlamentarios, con los expertos, para ver en el día a día cómo aplican los controles, la supervisión y las garantías de que el trabajo de los servicios de inteligencia está acorde y con respeto a los derechos de los ciudadanos.

¿Ha bajado el interés ciudadano en estos temas?

Cuando se produjeron las revelaciones de Snowden, hubo un gran interés, un gran eco mediático. Ahora podemos hablar de que ha bajado pero no tanto. Los últimos datos del Eurobarómetro, encuesta que mide el nivel de interés de los europeos sobre diversos temas, habla que sólo uno o dos de cada diez europeos sienten que tienen control sobre su información. La mayoría de los europeos dicen que están bastante preocupados sobre el uso que se da y cómo se guarda información.

No se puede decir que ha bajado el interés al respecto pero sí es cierto que este último año ha marcado otra serie de preocupaciones, principalmente sobre la seguridad, en muchos países de la Unión Europea, y esto por supuesto influye en la mayor aceptación (de estas prácticas) de personas, de ciudadanos, que pueden decir ahora que lo más importante es la seguridad. Es cierto, sin seguridad no hay libertad, pero tampoco hay libertad cuando la seguridad la estrangula. Estamos en una difícil ecuación.

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