“Hay una necesidad democrática de continuar las investigaciones”, dijo Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Inai, con el objetivo de instar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para que continúe con la investigación sobre el uso del software malicioso (malware) Pegasus por parte del gobierno federal en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que espera que pronto haya algún implicado en la Fiscalía por este caso de espionaje gubernamental.

Durante la inauguración del foro público Vigilancia del Estado: Hacia la implementación de controles democráticos, organizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Inai y el Núcleo de la Sociedad Civil para la Alianza de Gobierno Abierto, Acuña Llamas dijo que si bien son necesarias estas herramientas tecnológicas por parte del gobierno para el combate a la delincuencia organizada y el terrorismo, éstas sólo deben ser utilizadas con el debido protocolo y con la debida dispensa judicial.

El comisionado presidente añadió que seguramente la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya está preparando la presentación sus recomendaciones sobre la investigación que ha realizado sobre este caso.

Durante 2016 y 2017, el centro de investigación de la Universidad de Toronto Citizen Lab presentó los resultados de una investigación que condujeron a que se conociera que el Estado mexicano, durante la administración de Enrique Peña Nieto, utilizó el malware Pegasus para espiar las actividades de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, políticos y miembros de la sociedad civil a través de sus teléfonos inteligentes.

El Inai emitió una resolución el 20 de febrero pasado en la que refiere que la entonces PGR (ahora Fiscalía General de la República) violó la ley de protección de datos personales con la compra y uso de Pegasus, por lo que ordenó la presentación de denuncias ante el Ministerio Público para sancionar a los responsables.

El comisionado presidente de este instituto manifestó que si bien las conclusiones incluidas en la resolución del Inai pertenecen sólo al ámbito de la protección de datos personales, sí se encontraron acciones a perseguir por parte de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con los organizadores del foro, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto de Acceso a la Información (Inai) y el Núcleo de la Sociedad Civil de la Alianza por el Gobierno Abierto, este es un primer paso para trazar una hoja de ruta con el fin de establecer mecanismos de control democráticos para la adquisición y el uso de herramientas digitales de vigilancia.

Al respecto, Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC y representante del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto, dijo que el gobierno de la pasada administración usó herramientas de ciberguerra que son legítimas para combatir al crimen organizado y el terrorismo en contra de periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, reiteró que el acoso a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos con el uso de Pegasus y otras herramientas tecnológicas había quedado en el pasado, siguiendo lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que no habrá espionaje durante su administración.

La funcionaria enlistó algunos de los logros que ha conseguido la actual administración en materia de transparencia y rendición de cuentas, en los casi cuatro meses que ha ocupado el poder.

Dijo que todos los funcionarios públicos han presentado su declaración patrimonial sin reservas; que ha desarrollado más investigaciones administrativas en este periodo que las que se realizaron durante todo el año pasado, con las que se busca recuperar alrededor de 800 millones de pesos, y que se han hecho públicos los registros de espionaje cometido a lo largo de toda la historia del pasado régimen.

Además de buscar los controles necesarios para que el gobierno utilice este tipo de herramientas tecnológicas, Sandoval añadió que de acuerdo con un reporte de la organización Al Sur, organizaciones y empresas privadas también utilizan tecnologías de vigilancia contra la población y sus usuarios y expresó que esto debe estar también regulado.

Durante la inauguración del foro, también estuvieron presentes Antonio Molpeceres, coordinador residente del Programa de Naciones Unidas en México, y Roberto Salcedo Aquino, subsecretario de Control y Auditoría Pública de la SFP.

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