Ya está lista la red blockchain que busca hacer transparentes las compras del gobierno. Durante la presentación de la maestra Yolanda Martínez Mancilla, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional y del grupo de trabajo que desarrolló este proyecto, los asistentes a Talent Land 2018 pudieron apreciar cómo una unidad compradora puede realizar una convocatoria de licitación y cómo una empresa puede postularse para ofrecer sus productos y servicios al gobierno, todo a través del blockchain, lo que hace que las transacciones sean inmutables y completamente trazables.

En este momento se está poniendo a prueba el modelo de gobernanza que regirá a esta red, la cual cuenta con tres tipos de nodos: públicos, administrativos y de servicios. Los nodos públicos, que estarán integrados por universidades mexicanas e internacionales, como la de West Virginia, y por agrupaciones de la sociedad civil, servirán para establecer el consenso de la red, un elemento fundamental para garantizar la inmutabilidad de la información que transite por ella.

Los nodos administrativos son aquellos que sirven para que la red funcione y los nodos de servicios son los que administran las llaves de encriptación, al mismo tiempo que monitorean la red y  exploran cada uno de los bloques que integran la cadena.

En febrero pasado, en entrevista con El Economista, Nicolás Pineda, uno de los desarrolladores del proyecto, dijo que  lo que querían era hacerle ver al gobierno que, para que la red fuera confiable, debía contar con nodos externos a la infraestructura gubernamental, para dejar claro que no es una red del gobierno sino una red mexicana.     

De acuerdo con Jorge Sepúlveda, arquitecto en jefe de Gob.mx, la plataforma gubernamental de servicios públicos digitales, el gobierno no busca ser dueño de la red blockchain sobre la que correrá el proceso de licitaciones públicas y otro tipo de servicios, sino que es la sociedad la que será la propietaria de esta red.

En este sentido, según las palabras de Raúl Cruz, quien al igual que Nicolás Pineda forma parte del equipo de desarrollo de la red blockchain del gobierno de la República y que también fue uno de los integrantes del equipo que resultó ganador en el hackatón BlockHACKMX en Campus Party 2017, para que esto sea posible, además de las universidades y de las organizaciones de la sociedad civil, la idea es incluir la figura ciudadana de evaluadores independientes para que tenga voz y voto en las compras públicas.

Esto tiene el objetivo de aumentar la confianza y la seguridad de la información que se genera en el proceso de contrataciones públicas, ya que garantiza la trazabilidad en tiempo real y asegura la transparencia en los procesos de contratación. 

La red blockchain del Estado mexicano busca generar un sistema de contrataciones basado en la utilización de esta tecnología y en el  Estándar de Adjudicaciones Abiertas del gobierno federal. Usa como base el sistema Ethereum y sirve para gestionar las licitaciones gubernamentales a través de contratos inteligentes, sin tener que hacer uso de una criptomoneda.

El proyecto integra las cinco etapas del proceso de contrataciones públicas gubernamentales: planeación, licitación, implementación, adjudicación y contratación. Hasta febrero pasado, el caso de uso del proyecto se encontraba en el desarrollo de los contratos inteligentes para la etapa de adjudicación y en el despliegue del aseguramiento de calidad para esta misma etapa y, menos de dos meses después, ya ha sido concluido. Dichos contratos evalúan de acuerdo con el estándar de adjudicaciones cuáles son las propuestas de servicios o productos que garantizan el máximo beneficio social.

Estudian viabilidad regulatoria del proyecto

Uno de los problemas que genera el proceso de evaluación que se integró en este proyecto de red, el cual busca otorgar un nivel de reputación a las empresas que participen en las licitaciones gubernamentales para que las unidades compradoras puedan verificar si son confiables o no, es que la regulación contenida en la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado mexicano, no contempla la figura de los evaluadores independientes.

Sin embargo, de acuerdo con Yolanda Martínez Mancilla, lo que en este momento se quiere es documentar no sólo las implicaciones tecnológicas de este caso de uso, sino el diseño del aplicativo que cumpla un proceso de procura punta a punta cumpliendo con el estándar y una vez que se tengan las transacciones dentro de la red, comenzar a discernir qué modificaciones se tienen que hacer tanto en el marco normativo del proceso de contrataciones o en el marco de política de las tecnologías de la información y de la comunicación.

“En la etapa en la que estamos ahorita ya tenemos un diseño, tenemos un prototipo en una versión alfa, tenemos que empezar a generar transaccionalidad sobre esa versión alfa, dejar que cumpla un periodo de madurez hasta alcanzar una versión beta y entonces decidir, respecto de un caso real que vaya a la par de Compranet, qué es lo que hemos aprendido. Hasta ahora, intuimos que no es necesario cambiar la regulación, porque el proceso se está respetando”, dijo Yolanda Martínez Mancilla en entrevista con El Economista.

De acuerdo con la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, tanto el ecosistema de empresas de tecnología, academia y el sector público como los miembros del Consejo Consultivo de esta red, entre quienes se encuentran Saiph Savage, profesora de la Universidad de West Virginia, Miguel Salazar, de Codeando México, y Joaquín Moreno, de ConsenSyS, han visto con muy buenos ojos el proyecto, por lo que prevén que este estudio de viabilidad tecnológica y regulatoria se cumpla en los próximos seis meses.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx