En agosto será ejecutado el primer caso real de una licitación realizada sobre una red blockchain en México. También será presentado el modelo de gobernanza que rija a esta red, la cual promete ser un aliado de las contrataciones públicas en materia de transparencia.  

“El objetivo es seguir fortaleciendo el prototipo que se presentó en abril de este año, en el marco de Talent Land 2018, y lanzar en agosto el modelo de gobernanza de la red pública”, dijo la maestra Yolanda Martínez Mancilla, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional quien, desde que se encontraba al frente de la Unidad de Gobierno Digital en la Secretaría de la Función Pública, impulsó este proyecto que surgió de un hackatón en Campus Party 2017.

De acuerdo con la maestra Yolanda Martínez Mancilla, el objeto de la licitación se conocerá hasta agosto cuando se presente el modelo de gobernanza de esta red descentralizada.

Al respecto, también falta saber cuáles serán las universidades y las Organizaciones de la Sociedad Civil que se sumarán a esta iniciativa para funcionar como supervisores de las licitaciones realizadas sobre la red y si es posible que se cree la figura del evaluador independiente, que no está contenida en la legislación actual en materia de adquisiciones y contrataciones.

El modelo de gobernanza de la red blockchain para compras públicas ha sido desarrollado bajo un esquema de colaboración entre la Coordinación de la Estrategia Nacional, la Unidad de Gobierno Digital y un consejo consultivo integrado por actores relevantes dentro del ecosistema de la tecnología blockchain en México y a nivel internacional, como el maestro Miguel Ángel Porrúa, especialista líder en gobierno electrónico del Banco Interamericano de Desarrollo, Juan Pablo Escobar, director de Cívica Digital, y Eleazar Aguirre, profesor investigador del Centro de Investigaciones en Cómputo del IPN.

Según la hoja de ruta del proyecto, el modelo de gobernanza estará integrado por instituciones públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Tendrá una estructura horizontal, en la que si bien las dependencias del gobierno serán los administradores de la admisión de nuevos nodos a la red, tanto las OSC como las instituciones académicas podrán validar las transacciones de información y generar nuevos bloques.

El blockchain es una base de datos digital, descentralizada y que mantiene un registro de todos los intercambios de información que tienen lugar a través de una red de igual a igual (P2P). Cada vez que se requiere hacer un nuevo intercambio, un algoritmo analiza los datos contenidos sobre la información que se generó en el pasado y evalúa su viabilidad y seguridad, para después añadir un nuevo bloque a la cadena de manera permanente e inalterable.

La red blockchain del Estado mexicano busca generar un sistema de contrataciones basado en la utilización de esta tecnología y en el  Estándar de Adjudicaciones Abiertas del gobierno federal. Usa como base el sistema Ethereum y sirve para gestionar las licitaciones gubernamentales a través de contratos inteligentes, sin tener que hacer uso de una criptomoneda.

El proceso de licitación pública sobre una red blockchain supone la creación de varios contratos inteligentes, uno para cada fase del proceso de contrataciones inteligentes. El primero ejecuta el registro de la Unidad Compradora, es decir la dependencia pública que pretenda adquirir un producto o contratar un servicio.

El segundo contrato inteligente es el de registro de proveedores, en el que se almacenan en la blockchain los datos de las empresas que quieran participar en uno o varios procesos de licitación. Dentro de este segundo contrato, también se ejecuta otro que verifica la reputación del proveedor de acuerdo con la información registrada en la red sobre los resultados que ha obtenido en licitaciones anteriores.

Un cuarto smart contract es el que permite almacenar información importante de un proyecto de contratación, desde el registro del proyecto hasta el resultado de la licitación. Para realizar la adjudicación de un proyecto se ejecuta un quinto smart contract, el cual evalúa los requerimientos técnicos de las propuestas inscritas a un proceso de licitación.    

En junio pasado, se llegó a la versión final del modelo de gobernanza y se obtuvo una versión beta del aplicativo de contratos inteligentes y en agosto próximo, se presentará el white paper del proyecto, además del modelo de gobernanza y el caso de una licitación real.

En el más reciente acuerdo que modifica las políticas y disposiciones de la Estrategia Digital Nacional (EDN) se inlcuye entre las consideraciones “que las tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA), la robótica, el uso de tecnologías criptográficas basadas en redes de bloques distribuidos (blockchain), el poder de análisis de la computación cuántica, entre otras, ofrecen la posibilidad de acelerar el proceso de transformación digital, trayendo grandes beneficios para el gobierno y la población,

Según el documento, esto vuelve “indispensable la incorporación de dichas tecnologías en los procesos al interior del gobierno y en la prestación de servicios a la ciudadanía”.

“Se trata de una acción conjunta encaminada a desarrollar una red de gobernanza abierta donde no les cueste a los usuarios el desarrollo de aplicativos y seguir como un gobierno pionero en la inclusión de tecnologías emergentes para mejorar los servicios públicos”, dijo la maestra Yolanda Martínez.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx