Investigaciones de la Electronic Frontier Foundation (EFF) indicaron que legislaciones redactadas de manera no adecuada allanan el camino para vulneraciones a los derechos humanos de las personas en materia de privacidad por parte de las autoridades de gobierno.

Por tanto, indicó el EFF, son necesarias una serie de reformas legales integrales para frenar la vigilancia masiva e ilegal en América Latina en lo que se conoce como la era digital.

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Electronic Frontier Foundation realizó investigaciones con base en principios a los que calificó como como de necesidad y de proporcionalidad a las prácticas y leyes de vigilancia de 12 diferentes naciones de América Latina.

Los principios en los que se basó EFF, escritos de manera conjunta por organizaciones que abogan por la privacidad en todo el mundo y presentados hace tres años en la 24ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, actúan como una guía para que la práctica de la vigilancia gubernamental sea equilibrada y proteja la privacidad de las personas.

Los informes de EFF, logrados en colaboración con organizaciones de derechos digitales de la región, concluyeron que mientras cada constitución latinoamericana reconoce el derecho a la privacidad, la mayoría de los países de la región no implementan estos derechos de modo que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos.

La tecnología actual permite a los gobiernos realizar una vigilancia digital sofisticada y penetrante en la vida de cualquier individuo común. Pero el solo hecho que puedan, no significa que deban hacerlo, dijo la directora internacional de derechos de Electronic Frontier Foundation, Katitza Rodríguez. Las nuevas tecnologías de vigilancia son de uso extendido, sin autorización específica ni suficiente protección a los derechos humanos .

Frecuentemente, estas tecnologías son simuladores de torres celulares que interceptan las señales de celulares imitando torres de redes móviles o malware, que es software que se utiliza para dañar a los usuarios de computadoras interrumpiendo el funcionamiento de computadora, recopilando información sensible, o accediendo a los sistemas privados de las computadoras.

Al mismo tiempo, las normas administrativas que autorizan la vigilancia o que ordenan la retención de datos son adoptadas regularmente sin siquiera discusión ni aporte del público. Algunas de estas decisiones permanecen secretas, incluso algunos decretos y reglamentos son confidenciales. Todas estas actividades violan los principios Necesario y Proporcional para la conducción de la vigilancia estatal dentro de los límites de los estándares de derechos humanos , señaló

Los informes actualmente cubren ocho países latinoamericanos así como los Estados Unidos e incluyen un estudio comparativo global de doce países en la región, analizando si la vigilancia gubernamental es usada únicamente cuando lo prescribe la ley y es necesaria para lograr un objetivo legítimo y proporcional al objetivo perseguido.

En general, el secreto que rodea las tácticas de vigilancia y su extensión está muy presente en América Latina y en muchos países las empresas de telecomunicaciones tienen pendiente desarrollar una cultura de reportes de transparencia. Sin esta transparencia, los ciudadanos no serán capaces de responsabilizar a los gobiernos por el uso excesivo de las tecnologías de vigilancia.

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La gran cantidad de contenido digital de comunicaciones que creamos, y la creciente facilidad con la que puede recolectarse, significa que los gobiernos son capaces de crear perfiles de nuestras vidas, incluyendo nuestras condiciones médicas, puntos de vista políticos y afiliaciones religiosas, dijo Katitza Rodríguez.

Sin embargo, la ley en América Latina y en todo el mundo es a menudo vaga y tiende al abuso, y hay mucho secreto sobre lo que están haciendo los gobiernos. Estos informes son parte de nuestro trabajo a largo plazo para reformar la vigilancia global de las comunicaciones hasta que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.

erp