Las posturas de Abel Hibert, asesor económico de Andrés Manuel López Obrador; Gerardo Flores, senador del Partido Verde Ecologista de México, el cual integra la coalición Todos por México, junto con el PRI y el partido Nueva Alianza, y Juan Pablo Adame, de la coalición Por México al Frente, son prácticamente las mismas en relación con el acceso a internet y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en México.

Los tres representantes de las diferentes coaliciones electorales sostuvieron posiciones similares respecto de la reducción y eliminación del impuesto especial (IEPS) a los servicios de telecomunicaciones; la responsabilidad que, desde su visión, tienen los gobiernos municipales en la deficiencia del despliegue de infraestructura de telecom y la neutralidad de la red, un tema en el que los partidos políticos han relajado sus opiniones en favor de quienes invierten en infraestructura de telecom.    

El ambiente del desayuno mensual de la Asociación de Internet.mx fue cordial, pese a que sus invitados fueron los representantes de las tres coaliciones electorales que buscan llegar a la Presidencia de la República y aunque en la conversación se colaron temas como la reciente inclusión de Ximena Puente Mora, excomisionada del INAI, en la lista de diputados plurinominales o el resultado que ha tenido la política pública del apagón analógico y la entrega de televisores digitales, los cuales, de acuerdo con Juan Pablo Adame Alemán, del PAN, se venden a través de la plataforma Amazon.

Proponen revisar o eliminar el IEPS a telecom

A una pregunta de los asistentes al desayuno acerca del pendiente que representa el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de telecomunicaciones para el derecho al acceso a internet en México, los tres participantes coincidieron en que es necesario revisar e incluso eliminar este impuesto.

“Es un impuesto que se inventó en el 2009 porque se pensaba que el sector de telecomunicaciones eran el rico, entonces se decidió gravarlo. Es algo que debería eliminarse o bien hacer que el sector pueda utilizarlo para mejorar el acceso a estos servicios. Sí debería hacerse una reflexión alrededor de este impuesto y también otras cuestiones en el ámbito fiscal que impiden que el sector pueda desarrollarse”, dijo Abel Hibert.

Para Juan Pablo Adame Alemán, este impuesto implica que se está viendo al espectro de radiodifusión y telecomunicaciones con fines de recaudación fácil más que desde la eficacia que pudiera tener para el sector, por lo que los representantes del PAN ya han propuesto la discusión alrededor de este tema en la actual legislatura.

En el mismo sentido se orientó la opinión del senador Gerardo Flores, quien dijo que no tenía duda de que este impuesto debe ser revisado y eventualmente eliminado.

“Lamentablemente, estos impuestos que se han planteado ocurrieron en un contexto en el que las finanzas públicas veían la presión de la caída de los precios de la plataforma petrolera y se vino aparejada con esta reforma fiscal que buscó darle nuevas maneras y nuevas fuentes de financiamiento al sector público. En este contexto es que esa posible desaparición no pudo llegar a buen puerto”, dijo Gerardo Flores.

El diablo está en los detalles del despliegue de infraestructura

Los tres representantes de las coaliciones que compiten en el proceso electoral también coincidieron en que los municipios son en buena medida responsables por el déficit que vive el país en cuanto al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, el cual ha ocasionado que más de 30% de la población, sobre todo en entornos rurales, no tenga acceso a internet o a servicios de telefonía celular.

Para Abel Hibert, el asesor en materia económica de la coalición Juntos haremos Historia, para resolver las deficiencias en el despliegue de infraestructura, es necesario hacer una revisión de las leyes en materia de telecomunicaciones para que exista una coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, con el fin de que la regulación federal “pueda tener preponderancia sobre las facultades de los municipios”.

En palabras del propio Hibert, no obstante que esto vulneraría el Artículo 115 constitucional, que les otorga autonomía a los municipios, es necesario hacerlo pues aún hay grandes regiones del país en donde no se están ofreciendo los servicios en telecomunicaciones.

De acuerdo con Gerardo Flores, representante del PVEM, partido que forma parte de la coalición Todos por México junto con el PRI y el partido Nueva Alianza, dijo que el problema es la corrupción que se da en el ámbito local, haciendo referencia sobre todo a los gobiernos municipales del país, por lo que en lugar de hacer reformas o cambios a las leyes, es necesario desincentivar esta corrupción a través del monitoreo de mejores prácticas de los gobiernos de los municipios.

También dijo que hay que buscar que el proyecto de la red compartida, al cual se prevé que se dé el banderazo de salida este miércoles 21 de marzo, sea exitosos, además de revisar la política sobre el cobro de espectro al reconocer las diferencias que existen en el uso de las bandas.    

Juan Pablo Adame Alemán comentó que el problema de los municipios, en cuanto a que los regidores locales cobran dinero por la instalación de infraestructura de telecom, es uno que está sobrediagnosticado y dijo que la respuesta para atender este problema es poner en marcha de manera efectiva el Sistema Nacional Anticorrupción.

El integrante del PAN dijo también que era una vergüenza que mientras que en los países desarrollados se está discutiendo la robotización, porque han desarrollado el despliegue de infraestructura, en México siga habiendo retraso en esta materia.

El único tema en el que hubo una diferencia más o menos clara con respecto a internet y telecomunicaciones entre los representantes de las tres coaliciones fue el de la neutralidad de la red.

Para Gerardo Flores, el país se encuentra en un punto en el que los operadores necesitan incentivos para desplegar infraestructura, por lo que es necesario guardar cierto equilibrio entre las necesidades de las empresas de telecomunicaciones y la libertad en el tráfico de datos que corren a través de las redes que estas administran.

En el mismo sentido habló Juan Pablo Adame, quien matizó su opinión haciendo alusión a que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que debe regular el tema de la neutralidad de la red y no cambiar la Constitución a este respecto, para mantener la flexibilidad de la regulación y que no se detenga el desarrollo tecnológico del país.

“Hay mucho activismo que se puede dar por una neutralidad total y absoluta y hay que escucharlo, pero lo que no podemos dejar de lado que son la productividad, eficacia, precio y calidad las que generan el desarrollo”, dijo Adame.

Abel Hibert fue el único que se pronunció por no seguir la influencia de Donald Trump con respecto a la propuesta de Donald Trump acerca de eliminar la neutralidad de la red, aunque coincidió en que los ingresos de los operadores se han estancado a causa del uso que hacen de sus redes las empresas conocidas como OTT, como Netflix y WhatsApp, por lo que expresó que es necesario revisar el tema desde la perspectiva de la integración de las empresas y de que no exista una discriminación en cuanto a los servicios que se ofrecen en la red.

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