La inversión que el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila (TSJC) realizó en Ficrea se concretó días después de que Rafael Olvera Amezcua, exdueño de esta entidad financiera, tomara el control total de dicha sociedad financiera popular (sofipo), por lo que, con la captación de esta entidad gubernamental, habría iniciado la serie de irregularidades que terminaron en un fraude de más de 2,700 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente que documenta la inversión del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila en Ficrea, los contratos con los números 42,788 y 42,796, que vincularon al organismo público con la entidad financiera, se firmaron el 21 de septiembre del 2010, es decir, casi un mes después de que Grupo Trade, propiedad de Olvera Amezcua, tomara el control de la entidad financiera popular.

En el expediente en poder de este medio se registra que el rendimiento anual que recibía dicho organismo por concepto de sus inversiones era de 9 por ciento.

Asimismo, el documento detalla que la inversión inicial de dicho tribunal en Ficrea fue de 7 millones de pesos, cifra que contrasta con los 125 millones de pesos que el organismo tenía en la sofipo al momento de su intervención gerencial, el 7 de noviembre del 2014.

De acuerdo con la lista provisional de resumen de créditos que se propone reconocer como parte del concurso mercantil de Ficrea, el tribunal coahuilense sería el acreedor común con el monto más elevado de los 4,904 acreedores de este tipo; sin embargo, falta que dicho listado sea avalado por un juez.

Las sofipos son vehículos financieros que tienen el objetivo de atender a la población de bajos recursos o que no son atendidas por la banca, por lo que el seguro de depósitos en este tipo de entidades es de 25,000 Udis (133,000 pesos aproximadamente). Pese a esto, la inversión total del tribunal de Coahuila superó por mucho la cantidad de la protección que otorgaba la figura legal bajo la que operaba Ficrea.

Captar grandes inversionistas, la misión

Según la escritura 837 de la Notaría 44 de Guadalajara, Jalisco, el 13 de agosto del 2010 Grupo Trade se volvió el principal accionista de Ficrea, luego de que comprara esta entidad a sus primeros dueños: David Coutiño Abud y Víctor Manuel Coutiño Albores.

El 20 de septiembre de ese mismo año -según el expediente del organismo en Ficrea-, el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila solicitó a la financiera la apertura de dos tipos de cuentas: una de depósitos a la vista y otra a plazo; dicha solicitud fue firmada por el entonces magistrado presidente del organismo, Gregorio Pérez Mata.

Un día después, el 21 de septiembre del 2010, los contratos que vincularon a ambas entidades fueron firmados por Francisco Javier Perezanta Ordoñez, en aquel entonces director general de Ficrea; Gregorio Pérez Mata, quien en el documento también se ostenta como representante legal del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, y como testigo, Javier Rodríguez Romero, promotor de captación de la sofipo.

De acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las sofipos sólo pueden recibir depósitos de los gobiernos federales, estatales o municipales, ya sea a través de sus sectores central o paraestatal, cuando se ubiquen en los niveles de operaciones III y IV y obtengan autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Ficrea -según información de la CNBV- en todo momento fue una entidad con un nivel de operaciones I, lo cual automáticamente la imposibilitaba a captar recursos de organismos públicos; pero, cuando fue revelada la estafa, se dio a conocer que dentro de los más de 6,800 perjudicados por el fraude estaban otras entidades gubernamentales, entre ellos, los tribunales de justicia tanto del Distrito Federal, como el de Coahuila, así como el Organismo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan.

Pese a esto, en el expediente se encuentra que Ficrea declaró que estaba legalmente autorizada para operar tal clase de contratos: Incluso (la inversión) es conforme y procedente legalmente de acuerdo con su nivel de operaciones autorizados , se puede leer en el documento.

Coahuila, mina de Olvera

En febrero del 2015, el semanario Proceso informó que entre el 2010 y el 2011 la empresa Leadman Trade, también propiedad de Olvera Amezcua, dio el servicio de arrendamiento financiero de miles de vehículos al gobierno de Coahuila, por lo que se firmaron tres contratos que significaron un desembolso de 812.5 millones de pesos provenientes de participaciones federales.

De acuerdo con el medio, el primer contrato firmado tiene la fecha del 18 de junio del 2010, tres meses antes de que el Tribunal de Justicia de Coahuila invirtiera recursos a la sofipo de Olvera Amezcua.

En ese entonces, el gobernador de Coahuila era Humberto Moreira, quien recientemente fue señalado en España por presunto lavado de dinero y malversación de recursos públicos. El secretario de Finanzas de la entidad era Héctor Javier Villarreal Hernández, quien en el 2014 se declaró culpable en San Antonio, Texas, de lavado de dinero.

Aunque el tribunal de Coahuila es independiente de la administración estatal, los negocios sobresalientes de Olvera en esa entidad se realizaron en el 2010, cuando Humberto Moreira gobernaba la entidad.