BBVA ha dado a conocer un comunicado en relación con la imputación del banco como persona jurídica en el llamado caso Villarejo, en el que su presidente, Carlos Torres, asegura: “Quiero reiterar nuestro firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley”.

En el comunicado, el banco asegura que ha aportado información a la causa desde su inicio, incluso con anterioridad a la apertura de la pieza número nueve, y que posteriormente ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensic, encargada hace seis meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC, información que no estamos autorizados a difundir públicamente dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial.

El comunicado se emitió luego de que la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 la petición de imputación como persona jurídica de BBVA por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y corrupción en los negocios, en el marco de la investigación abierta por el caso Villarejo.

“El análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en noviembre del 2017 y de la documentación aportada por BBVA acreditarían que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, titularidad del entonces funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en activo José Manuel Villarejo Pérez, afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo”, indica la fiscalía.

“Dichas contrataciones habrían tenido por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial Grupo Cenyt con la condición de funcionario policial en activo de José Manuel Villarejo (delito de cohecho activo), y que, además, en el desarrollo de la prestación de los servicios contratados, habría implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, lo que constituiría múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Por otra parte, alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones (delito de corrupción en los negocios)”, argumenta.

La fiscalía descarta por el momento que BBVA, como entidad, pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, por lo que ha desestimado su solicitud de personarse en la causa como acusación particular.

Las consecuencias para BBVA

La reforma del Código Penal en el 2010 permite la citación como investigado del banco. La responsabilidad penal de la persona jurídica supone, en el hipotético caso de una condena, la imposición de multas, lo más probable en este caso y que pueden ser elevadas. Otras consecuencias menos probables más graves contempladas en el Código Penal para sociedades son la disolución, la suspensión o la intervención de la entidad.

La reforma del 2010 del Código Penal prevé por primera vez en el derecho español la imputación de la persona jurídica. Si una persona comete una falta mientras actúa en el marco de la actividad de la empresa.

La trama

Se investiga la relación entre el excomisario, José Manuel Villarejo, y el expresidente de BBVA Francisco González (FG), por blanqueo de capitales y sobornos. El excomisario está en la cárcel desde noviembre del 2017.

• En mayo del 2018, salen las primeras informaciones sobre pagos de cerca de 5 millones de euros de BBVA a Cenyt (empresa vinculada a Villarejo)

• En junio de ese año, aún con González en la presidencia, BBVA inicia una investigación interna. Nuevas informaciones revelan una relación al menos desde el 2004 entre BBVA y Villarejo, que incluiría la intervención de más de 15,000 llamadas de miembros del gobierno, empresarios y periodistas.

• BBVA, ahora ya con Carlos Torres Vila al frente del banco, amplía su investigación y considera que, de ser cierto se trataría de conductas indudablemente “muy graves” y “deplorables”.