Han pasado más de cuatro años desde que las empresas de Alta Grupo incumplieron con las personas que confiaron en sus esquemas de inversión, principalmente de las cabinas telefónicas Fontástiko, que daban retornos de hasta 16% anual. En las últimas semanas han surgido nuevas propuestas para que los más de 2,000 afectados recuperen parte de su patrimonio.

De acuerdo con información recopilada por este medio, ante la falta de una propuesta seria de los representantes legales de Alta Grupo, organización que era encabezada por Luis López Panadero y Salvador Abascal, los mismos inversionistas, hoy acreedores en el concurso mercantil de dos de las empresas de dicha marca, han realizado propuestas para recuperar parte de los 4,000 millones de pesos.

La última propuesta, realizada por uno de los mismos acreedores afectados por el incumplimiento, consiste en un plan con un horizonte de cinco años, donde, a cambio de los derechos del concurso mercantil, los acreedores recibirían recursos por dos vías: de las acciones de algunos accionistas de la sociedad financiera popular (sofipo) Finamigo y de una empresa relacionada a la telefonía móvil de nombre King David Mobile (KDM).

La sofipo Finamigo adquirió hace unos años a la financiera popular Alta Servicios Financieros, que también pertenecía a Alta Grupo, mientras que King David Mobile fue creada supuestamente por López Panadero y Abascal. Ambas empresas, según la propuesta, servirían como fuente de pago en un plazo de cinco años.

“Después de muchas vueltas, hoy tenemos la oportunidad de sumarnos a un vehículo en donde podríamos tener 15% de las acciones de Finamigo y entre 5 y 6% de las acciones de KDM”, se explica en la propuesta firmada por Carlos de la Garza, quien es acreedor y busca ser un intermediario entre los inversionistas interesados en ceder acciones de dichas organizaciones y los acreedores afectados por el incumplimiento.

La sustancia

De acuerdo con la propuesta y a las expectativas de negocio, tanto de Finamigo como de KDM, se buscaría que con la adquisición, y posterior liquidación, de las acciones de ambas empresas se tenga, con el incremento de valor de las mismas, un horizonte de recuperación de alrededor de 1,500 millones de pesos, cerca de 37% de la deuda total, en cinco años.

Los primeros 250 millones de pesos serían para algunos de los miembros de la asociación civil afectados, los cuales en su momento capitalizaron a Finamigo cuando adquirió a Alta Servicios Financieros. Los siguientes 400 millones de pesos serían para los 400 acreedores que cedan sus derechos, los cuales tendrían un tope de recuperación de hasta 35 centavos, es decir, si invirtieron, por ejemplo, 1,000 pesos, recibirían 350 pesos.

Por último, los 750 millones de pesos restantes serían para los 600 acreedores siguientes que acepten la propuesta, con un tope de recuperación de 30 centavos por cada peso invertido.

“No existe ninguna garantía de que las acciones (de Finamigo y KDM) lleguen a valer 1,500 millones de pesos (en cinco años)”, se lee en la propuesta.

Posible inviabilidad

De acuerdo con dos de los representantes de un grupo de perjudicados, Francisco Hernández y Guillermo Garduño, la propuesta de la asociación civil fue consultada con el titular del Instituto Federal de especialistas de Concursos Mercantiles, Edgar Bonilla del Ángel, quien comentó que la iniciativa sería inviable, porque difícilmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reguladora de Finamigo, la aceptaría, a pesar de tratarse de un asunto que corresponde a sus accionistas, no a la sofipo como tal.

Ante ello, tanto Hernández como Garduño informaron que han pedido a la CNBV y otras autoridades una opinión técnica y jurídica para conocer la viabilidad de la misma.

Hace algunos meses, dentro del proceso de concurso mercantil de las empresas de Alta Grupo, sus administradores propusieron un esquema que prometía pagar 1% de la deuda a un plazo de cinco años. Dicha iniciativa fue rechazada.

En su momento la asociación civil de afectados por el incumplimiento de Alta Grupo, que representa a más de 1,000 personas, indicó que no aprueba la propuesta de De la Garza, pues al ceder los derechos se pierde la facultad de proceder con cualquier otra acción legal; sin embargo, cada afectado era libre de aceptarla o rechazarla.