Lejos de abordar el control de armas o el problema migratorio, el Senado de Estados Unidos ha dejado a un lado el debate social para centrarse en la agenda política del presidente Donald Trump, en esta ocasión una ley que socava los pilares de la reforma financiera de su antecesor, Barack Obama.

La Cámara Alta estadounidense debatirá y votará a lo largo de esta semana un texto legislativo que revoque los principios de la reforma conocida como Ley Dodd-Frank, aunque se enfrentará al arduo examen de cerca de un centenar de enmiendas provenientes tanto de demócratas como de republicanos.

Pese a las muchas alternativas y disposiciones que pueden delinear el contenido final del texto, se espera que la medida sea aprobada con apoyo bipartidista a pesar de la oposición de los demócratas más progresistas, muy reticentes a acabar con la reforma que permitió un mayor control del sector financiero.

La ley, planteada tras la aguda crisis financiera del 2008, reforzaba las exigencias de capital de respaldo a los bancos, les obligaba a llevar a cabo tests de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.

Pese a que los expertos han reconocido la contribución de la reforma a la recuperación del país, Trump ha calificado la Dodd-Frank como un “desastre”, ya que a su juicio supone un freno al acceso al crédito y, por ende, a la expansión económica y ha prometido en numerosas ocasiones revocarla, para lo cual ya ha dado pasos limitados a través de órdenes ejecutivas.

No obstante, el mandatario necesita el respaldo legislativo para revocar algunos de sus principales ejes, como la prohibición de determinadas prácticas de inversión de alto riesgo y elevar las exigencias de capital mínimo de las instituciones.

Los demócratas más críticos con el proyecto de ley han sido los más prolijos en la presentación de enmiendas, con el objetivo de limitar el número de bancos que se beneficiarían de la relajación de las condiciones, argumentando que esto podría causar otra crisis financiera.

El Senado también debe considerar una enmienda sustituta ofrecida por el presidente del Comité Bancario del Senado, el republicano Mike Crapo, que ampliaría el alcance del proyecto de ley.

La propuesta de Crapo agrega varias protecciones al consumidor que buscan los demócratas, mientras que alivia las leyes de inversión para conciliar con sus colegas conservadores.

Los republicanos de la Cámara de Representantes, que deberían después aprobar la legislación, manifestaron su interés en que la ley amplíe las opciones de financiamiento para los empresarios, junto con medidas para proteger a los veteranos militares del fraude y crear nuevas ayudas para los préstamos estudiantiles.

El proyecto del presidente del Comité Bancario también elimina algunas de las partes más controvertidas del proyecto de ley original, lo que podría permitir que se establecieran reglas más estrictas para los bancos más grandes.

Con esas condiciones, los aires sobre un posible consenso soplan en el Senado, pero el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el republicano Jeb Hensarling, advirtió que, de momento, el texto de Crapo no convence a los conservadores de la Cámara Baja.

Allí, los congresistas republicanos están presionando para que el Senado incluya varias decenas de enmiendas que obtuvieron el visto bueno de ese comité con apoyo bipartidista.