Puerto Morelos, Quintana Roo. Uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado el sector de Uniones de Crédito es a los altos costos de implantación de la regulación.

El costo de implantación se refiere a la inversión necesaria para atender los requerimientos regulatorios, tanto en recursos humanos (capacitación, personal y outsourcing) como en recursos tecnológicos (infraestructura, sistemas, reporteo, seguimiento y alertas).

Por ello, Pérez Romero, gerente de Autorizaciones y Regulación del Banco de México, consideró que “el sentido de la evolución de la regulación debe ir hacia la reducción de costos de implantación, mientras se busca la mayor precisión de una norma y con ello hacer más eficiente la intermediación, preservando la estabilidad del sistema financiero. En este contexto, existe espacio para analizar la proporcionalidad de la regulación financiera”.

Explicó que la regulación financiera está sustentada en fallas de mercado y la necesidad de la autoridad por dirigir y configurar un sistema financiero sano y robusto, que genere bienestar social. “Establecer un piso parejo, en el que las entidades que conforman el sistema financiero se desarrollen, es necesario para promover los objetivos de las autoridades y evitar mayores distorsiones de mercado”.

Para Pérez Romero la regulación prudencial conlleva una diferenciación natural al establecer cargas (financieras) mayores a aquellos intermediarios con mayor exposición al riesgo. Sin embargo, la precisión va generalmente aparejada a un mayor costo de implementación de la regulación.

“Las autoridades debemos promover regulación con el mayor grado de precisión al menor costo de implementación posible y abrir posibilidades a los intermediarios sin exponer a los usuarios a mayores riesgos”, mencionó la gerente de Autorizaciones y Regulación del Banxico.

¿Qué recomienda?

María Isabel Pérez Romero expresó que la idea complementaria es llevar a cabo una revisión exhaustiva de la regulación para identificar el espacio para simplificar la normatividad, a fin de evitar duplicidades, cargas innecesarias o procedimientos complejos (simplificación), así como para incorporar precisión mediante una proporcionalidad adecuada y congruente con un enfoque de riesgos (con ayuda asociaciones y nuevas tecnologías).

Insistió en que la proporcionalidad no debe implicar estándares más laxos que puedan derivar en acumulación de riesgos o atentar contra los principios de política perseguidos.

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