A poco más de un año de que se congeló en el Congreso de la Unión la iniciativa que pretendía modificar el marco normativo de las entidades de ahorro y crédito popular del país, la cual también contemplaba el pago de hasta 1 millón de pesos a los defraudados de Ficrea, los legisladores insisten en modificar el marco normativo para este tipo de organizaciones.

Recientemente, en la Cámara de Diputados hubo dos propuestas que impactarían directamente las 48 sociedades financieras populares (sofipos) y las 147 cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) autorizadas en el país.

La primera iniciativa fue propuesta por el diputado Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, la cual pretende que las federaciones que supervisan de manera auxiliar las sofipos respondan en caso de que una entidad que vigilen caiga en una causal de revocación, siempre y cuando se compruebe que se le supervisó de manera deficiente.

Al establecer una responsabilidad solidaria, tanto la sofipo como la federación responderán ante el cliente y los socios por cualquier incumplimiento o irregularidad de la sofipo que sea imputable a la negligencia en la función de la federación encargada de supervisarla .

Otro aspecto relevante de esta iniciativa es que se limitarían los ahorros que se depositan en las sofipos, con la finalidad de evitar problemas como el de Ficrea, donde la mayoría de ahorradores tenían depósitos superiores al seguro de ahorro equivalente a 133,000 pesos.

De acuerdo con la iniciativa, a las sofipos de nivel I sólo se les permitirían depósitos por cliente hasta por 272,739 pesos; para las de nivel II hasta 545,400 pesos; para las de nivel III hasta 818,217 pesos, y para las de nivel IV hasta 1 millón 363,696 pesos.

Darle poder a municipios

La otra iniciativa propuesta por la diputada del PRI, Edith Yolanda López Velasco, indica que es necesario facultar a los municipios a fin de otorgar licencias y permisos para el funcionamiento de entidades financieras, en especial de socaps, en el ámbito de su competencia y sólo si dichas organizaciones cuentan con el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar.

Esta iniciativa tiene por objeto salvaguardar y garantizar los derechos de miles de ahorradores de entidades financieras, principalmente de las denominadas cajas de ahorro (...) con esto se evitaría que se continúen instalando entidades al margen de toda regulación del sistema bancario , se puede leer en la iniciativa de López Velasco.

Respecto de esta iniciativa, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex) explicó que dicha propuesta tendría una repercusión negativa para el sector de las socaps, pues muchos municipios no tienen el personal especializado para el manejo de licencias o autorizaciones.

Provocaría un evidente engrandecimiento del problema (de fraudes por cajas apócrifas) y no coadyuvaría al control de las nuevas entidades , explicó la Concamex en un comunicado.

Ambas iniciativas se encuentran en espera de ser analizadas por sus respectivas comisiones en la Cámara de Diputados y podrían discutirse cuando termine el receso legislativo.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx