Ayer el Ejecutivo ingresó a la Comisión de Trabajo de la Cámara el detalle de los cambios, en medio de altas expectativas de sectores políticos y técnicos.

En un documento de 70 páginas de extensión, el gobierno detalló los principales ajustes a la propuesta ingresada a fines del 2018, como el alza de 6% de la cotización con cargo al empleador, la incorporación de una suerte de pilar de reparto y las modificaciones a la industria de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), entre otras.

Por otra parte, el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) detalla la cantidad de recursos que el Estado deberá destinar para pagar los beneficios y echar a andar el sistema.

Acorde al texto, el nuevo esquema estará en régimen a partir del año 2032, que es el ejercicio posterior a cuando se termine la gradualidad y se alcance la tasa de cotización de 6 por ciento. En dicho año, el costo del sistema será de 1,800 millones de dólares.

El director de Presupuestos, Matías Acevedo, enfatizó que, al considerar el costo de la iniciativa y complementarlo con la ley corta que aumenta en 50% de forma gradual las pensiones más bajas, la agenda previsional de la actual administración implicará un esfuerzo fiscal de 3,200 millones de dólares en régimen.

En el detalle, más de 800 millones de dólares provendrán de mayor gasto público el año en el que el sistema entra en régimen, mientras que la diferencia implica menores ingresos debido al rol del Estado como empleador y los efectos tributarios de la mayor cotización previsional.

La proyección de la Dipres incluye perspectivas hasta el año 2050, en el que al tipo de cambio actual los desembolsos que requerirá hacer el Fisco totalizarán casi 2,000 millones de dólares.

Otro de los temas que despejaron las indicaciones ingresadas fue el mecanismo a través del cual se financiará el nuevo Fondo de Ahorro Colectivo Solidario (FACS). Dicho vehículo, al considerarse 3% de cotización adicional con cargo al empleador, no podrá solventar en su totalidad el pago de beneficios en sus primeros años, por lo que requerirá de un inicial aporte del Estado.

Éste se realizará a través de un préstamo de 650 millones de dólares con cargo a retiros del Fondo de Reserva de Pensiones, previa autorización de la Dipres. Los recursos serán ingresados a la contabilidad del FACS.