La reforma en pensiones que fue presentada hace unas semanas por Andrés Manuel López Obrador, debe venir acompañada de una reforma fiscal que otorgue incentivos fiscales y ayude a fortalecer los ingresos para hacer frente a los incrementos que se puedan dar por las modificaciones, señalaron analistas.

“Cualquier iniciativa que implique una presión adicional a las finanzas públicas podría aumentar la posibilidad de que exista un desbalance, si bien no en el 2021, sí hacia delante. Por eso hemos insistido en que es importante llevar a cabo una reforma fiscal, enfocada al aumento de la economía informal y fomentar la inversión. Deberá darse para preservar la estabilidad de las finanzas públicas”, refirió Ángel García-Lascurain, presidente nacional del IMEF.

Algunas estimaciones refieren que la reforma a pensiones —pendiente de discutir por los legisladores— aumentará el gasto en este rubro en más de 300,000 millones de pesos, que puede ser solventado, en cierta medida, por el alza que se dará en las aportaciones de 6.5 a 15% tanto a los trabajadores de la Ley del 97 como a la generación de transición; sin embargo, las modificaciones que trae consigo la reforma también puede generar costos extra para las empresas.

“Hay un encarecimiento del empleo para las empresas, sobre todo en la parte del empleo que se considera calificado, es decir, de los mayores sueldos. La reforma se tenía que hacer, pero el encarecimiento del empleo ocasionará que haya una contratación lenta de personal. Se tenía que haber implementado junto con una reforma fiscal precisamente para dar estímulos para una mayor contratación”, refirió por su parte Gabriela Siller, de Banco Base.

Hasta el momento, el gobierno de López Obrador no ha implementado una reforma fiscal. Recientemente, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que antes de implementar cambios en el sistema tributario se busca fiscalizar a los grandes contribuyentes, pues es ahí donde hay un gran margen para obtener mayor recaudación.

Uso de tecnología

Mario Di Costanzo, asesor financiero, refirió que es necesario que exista una reforma fiscal que se apoye del uso de la tecnología para poder solucionar problemáticas, ampliar la base de contribuyentes y, a su vez, aumentar la recaudación que serviría para la implementación de un mayor gasto o programas sociales para la población.

“Va a llegar un momento en el que a fuerza se tenga que hacer. Una reforma fiscal no necesariamente significa subir las tasas de los impuestos. La tecnología te permite poner temas sobre la mesa sin la necesidad de que afectes a la población de menores ingresos. También, te permite encontrar mecanismos para introducir a la economía informal en la base tributaria”, añadió.

Por su parte Carlos Ramírez, consultor de Integralia, apuntó que las expectativas de una reforma fiscal son bajas debido a las elecciones federales del 2021; no obstante, de realizarse los beneficios se podrían ver hasta el siguiente sexenio.

“Los beneficios no los va a tener López Obrador, los tendría el presidente siguiente, es decir, no se obtendrían más recursos para poder invertir en este sexenio porque los tiempos no van a ser suficientes. Si se propone el siguiente año, se implementaría en el 2022 y apenas aparecerían los primeros beneficios ese año. Para el 2023 y el 2024, últimos dos años de gobierno, es difícil que se inviertan en proyectos de infraestructura, por lo cual una mayor recaudación no se iría a una mayor inversión”.

  • 3.3 bdp espera recaudar el SAT este año.
  • 78.7 millones de contribuyentes conforman el padrón del fisco.
  • 3.5 bdp es el pronóstico de recaudación tributaria para el siguiente año.

ana.martinez@eleconomista.mx