La propuesta de revisar y cambiar el contrato colectivo de trabajo (CCT) 2016-2018 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reducir los años de servicio que deben tener los trabajadores para pensionarse implicaría un impacto en las finanzas públicas del país y enviaría un mal mensaje a las instituciones públicas que lograron establecer esquemas de pensiones más sostenibles, coincidieron expertos.

“La reforma en pensiones que se hizo en la CFE sirvió para reducir el pasivo laboral de la empresa, si echas para atrás las condiciones que dieron pie a este ahorro, el pasivo laboral se volverá a incrementar y el problema es que ese pasivo ahora lo paga el gobierno federal”, explicó Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y consultor de Integralia.

El pasado 25 de febrero, en su cuenta de Twitter, Manuel Bartlett, director de la CFE, solicitó al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) revisar el CCT 2016-2018 para resarcir los años de servicio a los que se refiere la cláusula 69 del pacto contractual, los cuales fueron incrementados y ello implicó “que los trabajadores tuvieran que laborar un mayor número de años para obtener su jubilación”.

De acuerdo con la cláusula 69 del CCT 2016-2018, para obtener una pensión, si es hombre deberá cumplir 30 años de servicio y 65 años de edad, o bien cumplir 40 años de servicio sin límite de edad. Si es mujer deberá cumplir 30 años de servicio y tener 60 años de edad, o bien 35 años de servicio sin límite de edad.

En el CCT 2014-2016 se había establecido que los trabajadores podrían obtener una pensión a 100% de su último salario si el trabajador (hombre) cumplía con 25 años de servicio y tenía 55 años de edad, o bien que laborara 30 años sin límite de edad. En el caso de las mujeres se pedían 25 años de servicio sin límite de edad.

Los cambios establecidos en el CCT 2016-2018 se establecieron como parte de las condiciones que estableció el gobierno federal para asumir el pasivo de pensiones de la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mala señal para las calificadoras

Ramírez indicó que, en caso de que se elimine el acuerdo que se había logrado, con parámetros mayores para que los trabajadores puedan pensionarse, se enviaría una señal muy mala a las calificadoras.

“Esto no les va a gustar ni tantito a las calificadoras ni tampoco a los tenedores de bonos de la CFE porque esto debilita financieramente a la empresa. Las reformas paramétricas no tienen efectos inmediatos, pero con este cambio, después se verá en un mayor pasivo para la empresa”, mencionó.

Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, agregó que este tipo de propuestas populistas, además de dañar la estabilidad de las finanzas públicas, también generan más inequidad en materia de pensiones.

“Es un mal precedente el que se está estableciendo, porque cuando se tomó la decisión de modificar el sistema de pensiones de la CFE, se logró a través de acuerdos con los trabajadores y sus sindicatos para arreglar las fallas del sistema anterior. Estamos dando un paso atrás”.

Al cierre del 2019, la deuda de pensiones de la CFE, que asumió el gobierno federal, sumaba 158,993 millones de pesos, mientras que la de Pemex fue de 101,501.6 millones de pesos.

elizabeth.albarran@eleconomista.mx