El proyecto de reforma en pensiones que presentó el pasado 22 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con representantes del Consejo Coordinador Empresarial y sindicatos ha generado diversas reacciones, pues si bien el objetivo es aumentar la pensión de millones de trabajadores, no incluye a las personas que trabajan en el sector de la informalidad.

Por un lado, la agencia Fitch Ratings consideró positivo el aumento de las aportaciones de 6.5 a 15 por ciento. Sin embargo, aclaró que el beneficio no será uniforme, es decir, “las generaciones más jóvenes y futuras serán las más beneficiadas ya que tendrán más tiempo de contribución a niveles mayores, mientras que los beneficiarios más cercanos al retiro cuando sea implementada (la reforma) no podrán obtener todo este beneficio”.

Indicó que, para ampliar los rendimientos que otorgan las afores, también sería conveniente ampliar las inversiones que se hacen en el exterior, lo cual implicaría cambiar el régimen de inversión de las afores. La calificadora apuntó que no anticipa ningún impacto en las calificaciones de Calidad de Administración de las Siefores en el corto plazo si la propuesta es aprobada dada su implementación gradual.

En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, calificó la reforma como una señal de confianza para la economía. “Es tal vez, el anuncio más importante que se ha presentado en lo que va de este sexenio (...) es buena señal, seguramente detonará una corriente de confianza importante para que el país pueda multiplicar su inversión y con esto tener crecimiento, desarrollo y bienestar”.

Por otro lado, luego de que se anunció la propuesta de reforma, algunos especialistas consideraron que el aumento de las aportaciones patronales podría implicar que se aumente la informalidad o se precaricen los salarios de los trabajadores, especialmente de los más jóvenes.

“Va a ser más costoso tener un trabajador formal porque se aumenta lo que originalmente se paga en las contribuciones a la seguridad social y ello puede orillar al empleador a no contratar formalmente o recurrir a otro tipo de prácticas para no pagar más”, dijo en su momento Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Ante estas dudas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, afirmó que el aumento en las aportaciones patronales no afectará mayoritariamente a las pequeñas empresas, “pues la mayor parte de los apoyos del gobierno se concentrarán en aquellos trabajadores que ganan hasta cuatro UMAs (Unidad de Medida y Actualización)”.

Otro aspecto que generó inconformidad sobre la reforma presentada por el Ejecutivo es que deja fuera a 57.3 millones de personas que trabajan en la informalidad y que por tanto no cotizan a la seguridad social que incluye ahorro para el retiro, para la vivienda y servicios de salud pública.

Para Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda, la reforma en pensiones que presentó el gobierno ayudará a evitar una crisis social como la que enfrentó Chile, ante el descontento social por las bajas pensiones que recibirían los trabajadores de las Administradora de Fondos de Pensiones.

Consideró que esta reforma se ajusta más a la realidad laboral del país, pues la reforma de 1997 se diseñó bajo la premisa de que el trabajador se mantendría en la formalidad por más de 20 años. Prevé que la reforma no sólo ayudará a que más personas tengan acceso a una pensión, sino que en los próximos 15 o 20 años, el ahorro pensionario podría representar hasta 40% del Producto Interno Bruto.

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