La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Procuraduría Federal del Consumidor para sancionar a las casas de empeño, así sean públicas o privadas.

En sesión, los ministros de la Segunda Sala determinaron que todas las casas de empeño, incluyendo las instituciones de asistencia privada, están sujetas al sistema de protección al consumidor.

Por votación unánime, los ministros del Máximo Tribunal negaron amparar a la empresa veracruzana Solución Fácil en contra del artículo 65 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación con el artículo 75, fracción X, del Código de Comercio.

Esta casa de empeño ubicada en Veracruz argumentaba que la dependencia federal carecía de atribuciones para imponer multas a las instituciones privadas que ofrecen servicios de préstamo.

En sesión celebrada ayer, la Segunda Sala de la SCJN consideró que la recta interpretación permite establecer que deben considerarse como casas de empeño todas las personas físicas y morales que, de manera habitual, realizan operaciones de préstamo con interés y garantía prendaria, independientemente de su naturaleza jurídica y del fin al que destinen las ganancias que obtienen de dicha actividad.

Ello, a decir del Máximo Tribunal, beneficiará a los ciudadanos, pues permitirá a la Procuraduría Federal del Consumidor verificar el comportamiento comercial de todas las casas de empeño, así como las condiciones de los préstamos que otorgan.