La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela procesó al expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas junto a los empresarios Juan Ferri y José Baldó y otras 45 personas.

La medida está vinculada a operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México por valor de 750 millones de euros que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” de Bancaja y Banco de Valencia.

En un documento de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, con fecha del pasado 31 de julio, la magistrada concluyó la instrucción que comenzó en junio del 2015 al considerar que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Por otro lado, la jueza también acordó el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía. Además, emplaza a las acusaciones a que en un plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

Entre el 2005 y el 2009, Bancaja —una de las siete cajas que actualmente integra Bankia— y el Banco de Valencia —absorbida por Caixabank— participaron en inversiones inmobiliarias “diversas y de una enorme magnitud económica” en Baja California y la Rivera Maya, formando parte del llamado grupo Grand Coral. En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.

Beneficios de 170 millones

La magistrada desglosa que la operativa se llevó al cabo de cinco operaciones: los proyectos Emerald, Zacatón, Piedras Bolas y Vinoramas, movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó. “Los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros una auténtica operativa de desfalco de las entidades que, de modo injustificado, pararon en manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros, dice el documento.

Concretamente, por las inversiones de Zacatón y Piedras Bolas, los empresarios obtuvieron una plusvalía injustificada de 138.8 millones de dólares (unos 119.5 millones de euros), que sufragaron las entidades financieras y que se transfirieron a sus cuentas en Andorra.

No obstante, Lamela afirma que la operativa estaba realmente dirigida desde las entidades, porque a Izquierdo y Parra les guiaban espurios intereses económicos.