Autoridades y legisladores vislumbraron cambios a la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), con el fin de fortalecer la protección para los usuarios de las sociedades financieras populares (sofipos) y principalmente ayudar a los más de 6,800 ahorradores de Ficrea para que recuperen la mayor parte de los recursos que tenían invertidos en la entidad.

El pasado viernes, cuando se llevó a cabo la reunión de trabajo entre legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y autoridades financieras, con el fin de aclarar el fraude de Ficrea, los participantes expresaron la necesidad de reforzar el marco legal vigente del sector de ahorro y crédito popular, para que las sofipos tengan una supervisión más rigurosa, así como reglas más estrictas, y que se comporten de una manera más similar a una entidad bancaria, sin perder de vista que estas entidades están constituidas con el fin de atender al sector popular.

Durante su participación, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, explicó el actuar del organismo con la entidad desde marzo del 2014, cuando personal de la comisión comenzó a realizar visitas a Ficrea con el fin de detectar posibles irregularidades que más adelante fueron confirmadas y que derivarían en la intervención y posterior liquidación de la sofipo.

Por su parte el senador Javier Lozano del Partido Acción Nacional propuso la creación de un trabajo tripartita, conformado por legisladores, autoridades y ahorradores, para trabajar en cambios a la LACP que ayuden a los ahorradores de Ficrea.

Lozano enfatizó que se debe de trabajar en el sentido de incrementar el monto máximo del seguro de depósitos que amparan a los ahorradores de las sofipos, topado hasta 25,000 Udis (131,500 pesos aproximados) para que éstos tengan mayor protección y en caso de la liquidación de una entidad de este tipo no vean un perjuicio importante en su patrimonio.

El resarcimiento (para los ahorradores de Ficrea) se puede dar de la siguiente manera: que en un grupo de trabajo tripartita entre ahorradores, autoridades y legisladores destinemos el resto de enero para encontrar una reforma a la LACP que nos permita elevar el monto del seguro de depósito , explicó el legislador.

Baz Baz niega corrupción

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Baz Baz, negó cualquier acto de corrupción que se haya dado dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP por este caso, luego de que se dio a conocer un audio en el que supuestamente se involucraba a personal de esta unidad con personas representantes de Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea.

En dicho audio presuntamente dos trabajadores de Olvera Amezcua maquinaban un plan para otorgarle una cantidad de dinero a personal de la Unidad de Inteligencia con el fin de que Ficrea, así como todas sus filiales, siguieran operando.

Los legisladores participantes coincidieron en que debe de haber un castigo ejemplar para los responsables que maquinaron este fraude y que derivó en la afectación de más de 6,000 personas, que en su mayoría son de la tercera edad.

Se recuperan activos; serán insuficientes

Aguadé indicó que tras la intervención de la sofipo, se recuperaron activos cedidos por sus empresas relacionadas, Leadman Trade y Baus and Jackman, y el accionista mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, como contratos de arrendamiento por 3,200 millones de pesos a valor contable; 28 inmuebles; 234 vehículos; mobiliario, y equipo sujeto a valuación; todo esto servirá para pagar a los ahorradores de la entidad cuando éstos se moneticen.

Todos estos activos permitirán, una vez monetizados, pagar parte de los recursos a los ahorradores de Ficrea , expuso.

Aguadé aclaró que cuando dichos activos se moneticen, éstos no alcanzarán para pagar a los ahorradores los recursos totales que tenían en la sofipo, debido a que no serán comprados en su valor original.

Además, el funcionario informó a los legisladores que también se encuentran en poder de la autoridad los derechos litigiosos por 58 juicios, con un valor de 200 millones de pesos aproximados, así como un fideicomiso irrevocable en garantía con valor de 110 millones de pesos.

La intervención gerencial era indispensable, no sólo para lograr una regularización de la sociedad sino para conocer el detalle de las operaciones y el verdadero valor de los activos de la misma; es decir, era una acción necesaria, dada la delicada situación que se acreditó durante las visitas de supervisión de la Federación Atlántico Pacífico y la CNBV , expresó Aguadé.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx