Tal como lo había adelantado el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el gobierno ingresó al Tribunal Constitucional un requerimiento para que revise el proyecto que avanza en el Congreso y que permite un segundo retiro desde las cuentas individuales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), esto con el objetivo de detener la iniciativa impulsada por políticos opositores.

“Algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución”, criticó el ejecutivo en un comunicado.

Piñera señaló que el proyecto de ley -que ya fue aprobado ampliamente por los diputados y avanzó al Senado, donde comenzará a ser revisado en los próximos días- es inconstitucional ya que implica materias exclusivas de la Presidencia, como gasto público, seguridad social e impuestos.

El proyecto de ley “no sólo es inconstitucional. También genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la justicia social”, acusó.

“Todas las autoridades, y en especial el Presidente de la República, tienen que ser sensibles con las necesidades de los ciudadanos, y también, responsables con las decisiones que adoptan y sus consecuencias para el futuro”, añadió.

El Congreso aprobó un primer retiro parcial de los fondos en julio pasado como una manera de enfrentar la crisis económica desatada por el coronavirus, que llegó a Chile en marzo. Las cuarentenas y otras medidas de bloqueo social golpearon duramente la economía del país sudamericano, mientras el desempleo se elevó a niveles históricos en una década.

Los partidarios del proyecto de ley dicen que ayudaría a los chilenos que aún lidian con las consecuencias económicas del coronavirus, al considerar que el gobierno ha dado una respuesta inadecuada.

Junto con acudir a la corte constitucional, el gobierno presentó esta semana su propio proyecto de ley que permite a un número limitado de personas retirar una segunda parte de sus pensiones. El Ejecutivo también impulsa una reforma al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional designó al abogado Sebastián López Magnasco como relator de la causa. López es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y en enero cumple dos años en este cargo, siendo el relator más antiguo del tribunal. El relator se encarga de dar a conocer el contenido de los expedientes judiciales a los jueces que forman parte del TC.

Desde que se dé cuenta en el Pleno del TC del ingreso del requerimiento del Gobierno, comienzan a correr los cinco días de plazo para que el organismo se pronuncie acerca de su admisibilidad y tras ser declarado admisible, comienzan a regir los 10 días, prorrogables por otros 10, para que el tribunal resuelva. (con información de Reuters)