El sector notarial del país indicó que cumple cabalmente con los aspectos normativos en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; sin embargo, el marco normativo vigente les impide ir más allá para que exista en el país una mayor efectividad en el combate a este ilícito.

De acuerdo con José Antonio Manzanero Escutia, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, sería idóneo que el marco normativo, que se plasma en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vigente desde el 2013, les permitiera reportar todas las operaciones que ejecutan los notarios a la autoridad y no sólo algunas, que son enviadas siempre y cuando rebasen ciertos umbrales, como se hace actualmente.

“Puedo decir que hoy el notario cumple cabalmente con todas y cada una de las disposiciones legales que existen (...) Hemos buscado por medio del legislativo una reforma para poder dejar sin efecto los umbrales o el uso del efectivo. (queremos ) decirle al Servicio de Administración Tributaria (SAT): ‘déjame que te reporte todas las operaciones’”, explicó en entrevista Manzanero Escutia.

Para el presidente de los notarios, aunque la intención del gremio notarial es poder reportar todas las operaciones que ejecutan, es difícil lograrlo porque la misma autoridad, encargada de analizar dichas operaciones para saber si se tratan de blanqueo de capitales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT reconocen que no cuentan con los elementos humanos y materiales para darle seguimiento a todas ellas.

En la actualidad, los notarios realizan cinco actividades vulnerables en materia de fe pública: transmisión y constitución de derechos reales sobre inmuebles; el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable; creación y constitución de variaciones de capital o estructura accionaria de personas morales; constitución o modificación de fideicomisos inmobiliarios y el otorgamiento de préstamos de mutuos con o sin garantías.

“En algunas actividades el aviso se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros existe un umbral de aviso”, se puede leer en el portal del SAT.

El presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano ejemplificó que en el caso de la constitución de personas morales y su modificación patrimonial, sólo se reporta a la autoridad la información siempre y cuando la operación rebase los 8,026 Uma; es decir, 605,807 pesos, cuando lo deseable sería que siempre se reportara este tipo de actividades para verificar la legalidad de los recursos, sin importar los umbrales.

“Resulta que en nuestro país el trabajo que hace la UIF va acorde a un lineamiento de ley, lo que cumplen los notarios está con base en la ley, no podemos ir más allá”, indicó Manzanero Escutia.

BENEFICIARIOS FINALES

Hace algunos días, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI) dio a conocer los resultados de la evaluación mutua que realizó a México el año pasado respecto a su lucha contra el blanqueo de capitales.

En dicha evaluación, que realiza cada cuatro años, el GAFI calificó como débil el nivel de cumplimiento de los notarios respecto a las obligaciones para identificar al beneficiario final de una empresa u operación, lo que generó al organismo internacional una preocupación referente al combate de México contra el lavado de dinero.

“Dado que los notarios son el elemento central para garantizar la precisión y la autenticidad de la información que se presenta a los registros federales, esto genera dudas acerca de la precisión de esta información”, refirió el GAFI.

Manzanero Escutia defendió que el señalamiento del GAFI se refiere en especial al actuar de este gremio dentro de la ley, misma que tiene algunas lagunas, por ejemplo, en el tema de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), las cuales sólo requieren de la firma electrónica de una persona para ser creadas, sin la necesidad de algún notario.

“Hay una serie de lagunas o de cosas que no son las mejores (dentro de la ley). Recientemente surgió la figura de SAS, con la que sólo es suficiente tener la firma electrónica para la creación de una empresa y este tipo de figuras no tienen vigilancia alguna en materia de lavado de dinero, porque se constituye directamente con la Secretaría de Economía. no podemos soslayar el tema de la seguridad ante todo esto”, explicó el presidente del colegio compuesto por 3,600 notarios.

Para el especialista es deseable que cualquier transmisión de partes sociales de acciones, sin importar el número de éstas, se considere como una actividad vulnerable, lo que generaría una clara identificación del beneficiario final.

“Esto ayudaría porque si alguien vende acciones, tiene que hacer la operación ante el notario para que valga y así se reporta a todas las instancias. Mis funciones como notario son identificar y verificar la identidad de los comparecientes. entonces ahí se dan todos los elementos para dar información en todos los casos al SAT y a la UIF de esa operación, y así como notario estoy identificando al beneficiario final”, precisó.

Manzanero Escutia, quien destacó que este sector comprende en su totalidad el riesgo del crimen organizado para el blanqueo de capitales, también mencionó que sería deseable la creación de un registro público de accionistas para tener información más precisa que coadyuve a enfrentar de mejor manera el lavado de dinero; sin embargo, acotó, son instrumentos difíciles de generar por la falta de recursos.