Entender la situación de Argentina es complicado. Estamos hablando de un país con un gran potencial de crecimiento que, sin embargo, ha sido restringido por regímenes militares y crisis económicas recurrentes que se han traducido en el estancamiento o retroceso de la clase media. El escaso crecimiento económico ha impedido la generación de nuevos empleos, además de que la capacidad de los consumidores se encuentra fuertemente acotada por una inflación cada vez mayor.

Sin embargo, hay un problema aún más fuerte: la falta de confianza y la desaparición del Estado de Derecho que ha ahuyentado la llegada de nuevos inversionistas. Los argentinos han sido robados una y otra vez, han sido estafados y su patrimonio se ha visto mermado; lo peor del caso es que parece que se han acostumbrado y han aprendido a coexistir con la posibilidad de nuevos golpes a su patrimonio.

Argentina inicio un proceso de transformación económica y política en julio de 1989, cuando Carlos Menem asumió la Presidencia de ese país, sucediendo a Raúl Alfonsín, en la que fue el primer cambio presidencial constitucional desde 1928. El principal reto que enfrentó Menem fue la hiperinflación, que en ese tiempo llegó a ser superior a 20,000% anual.

La administración de Menem tuvo un sello neoliberal que se caracterizó por una reestructura del Estado que consistió en su adelgazamiento y en la privatización de múltiples empresa del sector de telecomunicaciones, redes ferroviarias y la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), entre otras muchas.

Uno de los primeros golpes que resintieron los argentinos fue a finales de 1989, cuando el entonces Ministro de Economía, Erman González, instrumentó el Plan Bonex, que representó el primer atraco al pueblo argentino, toda vez que se confiscaron todos los recursos de los ahorradores que se encontraban invertidos a plazo fijo y los intercambiaron por bonos de largo plazo en dólares.

Una de las características más importantes de la administración del Presidente Menem fue el establecimiento de la Ley de Convertibilidad que estuvo vigente hasta finales del 2001. Esta ley establecía la obligatoriedad del Banco Central de la República Argentina de respaldar la moneda argentina con reservas internacionales, lo que significaba que la emisión de un peso argentino tenía forzosamente que estar respaldada con el ingreso de un dólar estadounidense.

Esta medida tuvo múltiples beneficios para la economía. Se logró contener el proceso inflacionario, resurgió la confianza y se creó un ambiente propicio para la inversión. Si bien el PIB tuvo una expansión importante, a lo largo del tiempo se fueron gestando otros problemas que impusieron rigideces al desarrollo del país. La deuda externa se multiplicó por tres en la administración del Presidente Menem, la competitividad disminuyó paulatinamente ante la fortaleza artificial del tipo de cambio y el desempleo se mantuvo en niveles elevados.

A finales de 1999 entró en funciones el Presidente Fernando de la Rúa, quien inicialmente había prometido mantener el anclaje del peso al dólar estadounidense. No obstante, el entorno se complicó más y más. La deuda externa agobiaba al Estado y surgió el fantasma de la suspensión de pagos. De esta forma, Argentina se empezó a acercar más al abismo de la crisis económica.

En el primer trimestre del 2001, los rumores de un default y la posibilidad de que explotara la convertibilidad, lo que significaría de facto una devaluación del peso argentino, detonaron una fuerte fuga de capitales. Para detener esta salida de capitales, en agosto del 2001 se estableció la Ley de Intangibilidad de Depósitos, que no fue otra cosa más que la incautación de los depósitos que se encontraban en los bancos comerciales. Esta medida se conoció como corralito, por la imposibilidad de sacar los fondos del sistema financiero.

Finalmente, el 6 de enero del 2002, ya bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, termina la convertibilidad y empieza la devaluación del peso argentino y con esto una de las peores crisis de Argentina.

En los últimos 10 años las cosas no han mejorado en Argentina. Las presiones inflacionarias siguen siendo fuertes y se estima que rondan 30% anual actualmente. Por otro lado, aunque las cifras oficiales indican que el banco central dispone de 30,000 millones de dólares en reservas internacionales, se maneja extraoficialmente que rondan los 4,000 millones de dólares.

A la falta de confianza en las cifras oficiales se suma la nacionalización de las AFJP, el equivalente de las afores en México, la empresa YPF y el uso discrecional para pagar deuda externa de las reservas internacionales. En este entorno, se ha observado una fuerte depreciación del peso, lo que ha contagiado al resto de los mercados emergentes.

La situación en Argentina es complicada y seguramente seguirá siendo fuente de volatilidad en los siguientes días.

*Manuel Guzmán M. es director de Administración de Portafolios y Estrategia de Inversión de Intercam Grupo Financiero, ?maguzmanm@intercam.com.mx