Según los datos facilitados por el Banco de España, el ratio de morosidad del sector financiero español se elevó en junio hasta el 9.42%, marcando un nuevo máximo histórico y superando la cifra de mayo, cuando se situó en el 8.95 por ciento.

Con este nuevo repunte la morosidad, que ya lleva 15 meses creciendo de forma ininterrumpida, se sitúa en junio por encima del máximo histórico alcanzado en febrero de 1994, cuando se alcanzó el 9.15% en medio de la crisis provocada por la intervención de Banesto.

La escalada de la morosidad en junio coincide con la petición de rescate a Bruselas para el sector financiero por importe de hasta 100,000 millones de euros que fue solicitada el pasado 9 de junio después de que el FMI señalara en un informe que la banca española tenía unas necesidades de capital de 40,000 millones de euros y que la agencia de calificación Moody's amenazara con nuevos recortes en la calificación de la deuda soberana española.

Según los datos publicados hoy por el Banco de España, el total de los créditos impagados superó en junio por primera vez los 160,000 millones de euros y se situó en 164,361 millones, de una cartera crediticia total de 1,74 billones de euros.

De esta forma, los nuevos créditos impagados ascendieron de mayo a junio en 8,388 millones de euros, frente al incremento de 3,173 millones anotado en abril y mayo. El dato se aproxima al máximo de la serie de créditos impagados recopilados por el Banco de España alcanzado en julio de 2008, cuando crecieron en 9,828 millones de euros.

Por actividades, la mora de las entidades de depósito, los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, se incrementó en 8,266 millones de euros según los datos recogidos por el Banco de España, mientras que la morosidad en los establecimientos financieros de crédito ascendió en 17 millones.

El pasado mes de mayo el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, presentó una nueva reforma financiera en la exigió a la banca nuevas provisiones para cubrir posibles pérdidas, por importe de 28.000 millones con los que cubrir una pequeña parte adicional (en torno al 9%) de la exposición al riesgo del sector promotor y constructor.

La reforma obligaba a las entidades a tener provisiones de hasta el 52% en el caso del suelo, al realizar un incremento del 45% a la provisión genérica del 7% para este tipo de créditos.

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